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Más de 1.000 niñas abusadas menores de 14 años dieron a luz entre 2019 y 2020

La organización Amnistía Internacional concluyó en un informe que entre 2019 y 2020 más de 1.000 niñas menores de 14 años dieron a luz en el país como resultado de un abuso sexual.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, presentó el informe titulado Mitãkuña ndaha'eiva'erã sy (Son niñas, no madres) este miércoles a través de una transmisión en vivo vía Facebook, desde la cuenta de la organización.

El documento expone una investigación de tres años que además plantea medidas para poner fin a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y a la maternidad forzada.

Guevara Rosas citó que los registros del Ministerio Público apuntan que son denunciados 12 casos de abuso infantil por día y que de cada dos casos conocidos, hay al menos 10 más que no fueron reportados a las autoridades.

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"En este sentido estaríamos hablando que existen 4.380 denuncias al año de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Pero, los casos no reportados podrían ascender hasta 21.900", acotó.

Dijo que muchos de estos casos derivan en embarazos no deseados, sobre todo de niñas menores de 14 años. "Entre 2019 y 2020 más de 1.000 niñas menores de 14 años dieron a luz como resultado de una violación", afirmó.

Además, remarcó que el criadazgo es uno de los principales escenarios de violencia sexual. Incluso, sostuvo que se observaron casos en los que personal técnico especializado profesional, que hace parte de diferentes instituciones del Estado, está involucrados en estos hechos.

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Amnistía Internacional concluyó en su informe que la situación es verdaderamente alarmante y que a pesar de algunos avances legislativos, las respuestas fueron insuficientes para atender la grave crisis de abuso sexual.

La investigación establece que existe la falta de prevención por parte de las instituciones estatales y que esto está asociada a la falta de educación sexual y atención integral en el país.

El documento plantea una serie de recomendaciones, como la creación de programas de educación sexual y una ruta única de intervención en término judicial que permita el acceso a la Justicia y la reparación de daños para las niñas y adolescentes que están embarazadas.

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