Mario Abdo ya había adelantado su posición con relación a la ley de declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios a los medios y dijo que el documento pierde la esencia si no va a contemplar una pena.
El Decreto 3708, por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley “Que modifica varios artículos de la Ley 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos” y su modifactoria Ley 6355/2019, fue dado a conocer en horas de la tarde.
Mediante una jugada para adelantarse a la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Diputados, especialmente colorados y liberales, sancionó el texto el pasado miércoles, que además da vía libre a políticos corruptos a enriquecerse.
Con esta nueva norma, los datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, serán considerados errores administrativos y, por tanto, quedan despenalizados.
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La propuesta de ley también contemplaba que las declaraciones juradas solamente se podrán publicar con una orden judicial.
Por otro lado, establece que las empresas o personas jurídicas proveedoras del Estado también deberán rendir cuentas de su patrimonio ante la Contraloría General de la República.
Los opositores consideraron el proyecto como una violación al artículo 104 de la Constitución, sobre las declaraciones juradas.
La Corte Suprema de Justicia debe resolver si las declaraciones juradas de funcionarios estatales son o no públicas. La sentencia definitiva debe definirse esta semana, según anunciaron los ministros de la máxima instancia.
