“Fue una metáfora, estamos en un proceso de formalización, de construir seriedad en nuestro país”, expresó el presidente Mario Abdo Benítez en Monumental 1080 AM sobre su desafortunada frase para defender en su momento el acta bilateral con el Brasil.
Ya con el ambiente político más calmado, luego de desactivarse el juicio político en su contra gracias al apoyo de Honor Colorado, aunque el Frente Guasu insiste con la iniciativa, el mandatario explicó este martes que Paraguay “viene de un proceso cultural e histórico de informalidad donde nunca se han luchado contra actividades que destruyen la credibilidad del país: contrabando, fragilidad en los sistemas de controles, permeabilidad del crimen organizado en las instituciones”.
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Hace poco más de una semana, durante un acto posterior a que salga a la luz el acuerdo de Itaipú firmado por representantes diplomáticos de Paraguay y Brasil, Mario Abdo lo defendió diciendo: “Ya no podemos ser un país pillo (avivado)”. “No me quiero sentar a una mesa de negociación con vergüenza, porque yo mismo actúo quitando pequeñas ventajas”.
Al respecto, alegó en la emisora radial que no se refería al pueblo, sino que su deseo pasa porque Paraguay deje de ser “un país informal, como un país que no cumple sus acuerdos, que saca pequeñas ventajas”. En la misma línea que su discurso, reiteró que quiere que el país asuma sus compromisos para después exigir sus derechos en la mesa de negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que debe acordarse en el 2023.
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Afirmó que esa frase, que le valió la crítica de varios sectores, se interpretó de manera inadecuada “Le dolió mucho (al pueblo) porque me equivoqué”, manifestó.
En ese momento, ningún sector de la sociedad terminaba por entender cómo afectaba el acta bilateral al país, pero las expresiones del presidente fueron suficientes para que inicien las masivas movilizaciones. Los primeros en hacerlo fueron seis jóvenes estudiantes, un día antes de que hable el mandatario.
El caso desencadenó en una crisis política, una serie de renuncias de altos funcionarios implicados en la firma del documento y una amenaza de juicio político para Mario Abdo y el vicepresidente Hugo Velázquez.
Finalmente, el Gobierno no soportó la presión y tuvo que anular el cuestionado acta.
