En algunos días –el 27 de enero– se cumplirán cuatro años de que Sonia Dominga Parini (41), recuperó su libertad. Ella había sido condenada a 6 años de prisión, por microtráfico. Años después de alejarse completamente, asume que se había encargado del “negocio familiar”, vendiendo crac en su barrio (Nueva Tablada, de Asunción), porque tenía familiares presos, una hija menor, una mamá con dificultad para ver y un papá en cama y con gastos de hospital.
“Si no tenés (dinero), lo más rápido es eso”, confesó.
Ella, tras ser detenida, procesada y juzgada, fue 6 años directo. Y es que la Ley de Drogas en Paraguay prevé un castigo de 5 a 10 años de cárcel para la comercialización ilícita de sustancias. No prevé atenuantes y salidas alternativas.
“Yo solo vendía. Tenía clientes de muchas partes, barra bravas, del centro, de todas partes vienen. Un gramo te costaba G. 30.000”, dijo.
Sonia recordó conmocionada el momento en que dictaron su condena. “Pensé en mi hija, mi mamá. Yo era consciente de que me podía agarrar, pero cuando me fui, también allá, les mantuve otra vez”, expresó.
Ella dijo que volver a vender crac ya no es una opción. “Antes había plata, pero ya no y te arriesgás de balde. Si yo entro, voy a perder mi libertad y a mi hijo. Muchas cosas te pasan por la mente cuando estás adentro y tenés alguien que te espera afuera, el mundo va a venir encima, pero si tratás de salir adelante, podés”.
Sonia es mamá de dos chicos, uno de ellos de tan solo 7 años, quien nació en la cárcel. Y ahora hace de todo para salir adelante, porque dijo que existe un problema: “Nadie quiere dar trabajo a alguien que estuvo en la cárcel (ex presidiario).”
SIN OPORTUNIDADES. Ella estudió peluquería y diseño de uñas allá, pero no trabaja en eso. “Solo en un lugar me agarraron con mi antecedente. Después donde te vas nunca dan oportunidad, porque cuando saben que tenés antecedente, te sacan, te tiran, por eso de repente algunos vuelven a delinquir, porque no dan oportunidad”, lamentó.
A Sonia, luego de un accidente y de perder su trabajo, le tocó el mes pasado ir a la calle España, agarrar un repasador, detergente y agua y limpiar vidrios, “porque tenemos que darle de comer a él, vestirle, todo”, dijo, mirando a su pequeño hijo.
Contó que siempre dicen que va a existir afuera oportunidad para los que están tras las rejas, imparten cursos, capacitan, pero al salir, esas esperanzas se desvanecen.
Ella ya cumplió con la Justicia su culpa, pero no tuvieron en cuenta. “Yo estaba en el Senado, en limpieza. A las 06:00 (a.m.) yo tenía que entrar y a las 5 ya estaba ahí. Igual con lo que yo cumplía, porque yo tenía antecedentes, me echaron”, lamentó.
Dijo que no se va a rendir y va a seguir buscando oportunidades.
Se necesita evaluación desde la perspectiva de género
“Desde la década de los 80 se viene incrementando el número de mujeres en reclusión por delitos relacionados con drogas y cada vez más mujeres aparecen en los circuitos del tráfico, como consumidoras, vendedoras al menudeo y mulas (para los carteles),” explicó la abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos.
Comentó que en Paraguay también está este fenómeno.
“El aumento del número de mujeres encarceladas por drogas no indica precisamente su mayor involucramiento. También es producto del enfoque de persecución penal. Es decir, no sólo las mujeres participarían más en actividades de venta de drogas, sino que estas actividades son más perseguidas”, contó.
Mencionó que estudios muestran que las mujeres ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva y, en Paraguay, las circunstancias socioeconómicas son motivaciones para involucrarse.
Estas en muchos casos son las únicas responsables de sus hijos y tienen que proveer el sustento económico sin desatender el cuidado familiar.
“El peso del cuidado recae sobre ellas, empujándolas a veces a buscar en la venta de drogas una manera de combinar sus obligaciones”, dijo.
Por lo tanto, mencionó que es importante tener una evaluación desde la perspectiva de género, para perseguir estos hechos.
Lamentó que “la ley de drogas impone prisión y sentencias desproporcionales, sin medir el costo social”.
Programa busca mejorar impacto de las políticas sobre drogas
La Defensa Pública había suscrito un convenio con un programa de cooperación con la Unión Europea y América Latina conocida como Copolad, a fin de “mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas sobre drogas, mediante el intercambio de experiencias, la coordinación biregional y el impulso de respuestas multisectoriales”, explicó la defensora general Lorena Segovia.
Dijo que lo que se busca es lograr un análisis legal de la regulación penal de los delitos de drogas que aborden las necesidades y posibilidades para una mayor proporcionalidad en la respuesta punitiva ante este tipo de delitos por parte de mujeres.
PLAN DE ACCIÓN. Justamente desde hace un tiempo la Defensa Pública viene preocupada por la cantidad de reclusas por narcotráfico y busca implementar una defensa legal técnica con perspectiva de género, haciendo evaluación por cada caso.
Tienen como base el informe que sacó en del 2023 la Comisión Interamericana de DDHH sobre mujeres privadas de libertad en América.
Allí habla de que se implementan “políticas de mano dura en materia de drogas”, caracterizadas por un enfoque prohibicionista y represivo para erradicar el mercado.
Menciona la falta de proporcionalidad en el tratamiento de estos delitos con drogas y que no se evalúa: “delitos de drogas de baja y alta gravedad; delitos violentos y no violentos; niveles de participación; y los diferentes tipos de drogas” y que esto afecta mayormente a mujeres.
