Cualquier empleado privado sabe que si maltrata a los clientes de su empresa lo van a despedir; con más razón si pertenece a alguna dependencia sensible como el departamento de quejas y reclamos. Cualquiera que ofrezca sus productos o servicios, desde la diseñadora de modas hasta la vendedora de yuyos entiende que la satisfacción de su clientela es lo único que garantiza su permanencia en el mercado. Es sentido común, cuidar a quien en definitiva genera tus ingresos.
Esta lógica, lamentablemente, ha sido demolida por la política en un sector de la economía que se maneja de espaldas a la realidad, un universo que abarca a menos del diez por ciento de la población ocupada, pero que absorbe casi el 70 por ciento de los impuestos que pagamos compulsivamente todos los contribuyentes; hablamos de los funcionarios públicos.
Todas las personas que integran la nómina del Estado viven exclusivamente del dinero que pagamos los contribuyentes, nosotros somos sus empleadores. Por eso, en los países donde el ingreso al Estado no depende de filiaciones políticas, el empleado estatal se considera un servidor público; sabe que su mandante es el contribuyente y actúa bajo esa premisa.
En países como el nuestro, sin embargo, el grueso del funcionariado se coló por vínculos familiares, políticos o de amistad. La mayoría está convencida de que le debe el cargo a un contacto o a un padrino político (y lo peor es que tiene razón); y, consecuentemente, no se siente en la obligación de dar satisfacción al público, a esa masa anónima que financia obligadamente sus gastos. Esta desconexión se traduce a menudo en indolencia, cuando no directamente en un maltrato deplorable.
Otra anomalía del sector público criollo es la brecha salarial con el mercado real. En el mundo desarrollado, los salarios públicos rara vez pueden competir con lo que se paga en el sector privado. En esos países nadie entra al Estado por el salario, lo hace necesariamente por vocación. En Paraguay, una salvajada del Partido Colorado, en complicidad con los liberales, distorsionó para siempre el mercado laboral aplicando de una sola vez aumentos generales en los salarios públicos de hasta el 35 por ciento.
Esta barbaridad impuesta por el Congreso al Gobierno de Fernando Lugo en el 2012 nos cuesta desde entonces más de 800 millones de dólares por año. El golpe descalabró el esquema natural de salarios, tanto que hoy el Estado (o sea, nosotros) paga en promedio el doble o el triple de lo que la economía real (la del sector privado) permite pagar.
Como si esto no fuera suficiente, las sucesivas administraciones coloradas generaron una anarquía absoluta en el funcionariado en materia de salarios, observándose hoy absurdos como los de médicos con 12 o más años de estudio con un vínculo salarial de poco más de cuatro millones de guaraníes, mientras un mozo apuntalado por el presidente del Congreso recibe una mensualidad superior a los 13 millones; técnicos con especialización en las mejores academias del mundo aparecen con cinco o seis millones de guaraníes, mientras la hija del vicepresidente de la República –que ingresó sin concursar y antes de acabar siquiera una carrera universitaria– alcanza los 18 millones de guaraníes. El resultado de toda esta bestialidad administrativa es una legión de funcionarios que no tiene la menor vocación de servicio, que no siente ni el más mínimo compromiso con el contribuyente y que para colmo se pega el lujo de tratarnos como si nos estuvieran haciendo un favor, una concesión graciosa desde su pedestal de ciudadanos de primera.
Por supuesto que esto no es general. Todavía se puede encontrar en las oficinas estatales, en los hospitales, en las escuelas y hasta en las comisarías verdaderos servidores públicos, honrosas excepciones que hacen a la regla. Lastimosamente, esa actitud diferente no les garantiza un mejor salario, ascensos o una carrera porque el beneficiario, el ciudadano contribuyente no entendió aún que si quiere buenos empleados, lo primero que tiene que hacer es votar por buenos administradores y no por los mismos que vienen atiborrando al Estado con sus operadores y parientes, esos maltratadores seriales a quienes les pagamos el salario.
