La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió un comunicado en el que exige a la Corte Suprema de Justicia que suspenda de manera temporal los descuentos, a fin de prevenir daños irreparables a las personas afectadas, “permitiéndoles sobrevivir y litigar en igualdad de condiciones”.
Con esto se podrá hacer una investigación de las denuncias de corrupción y fraude “sin la presión de tener que actuar rápidamente para evitar daños a las partes involucradas”.
Por último, expusieron que la suspensión de los embargos será una garantía de transparencia y servirá como un paso para restablecer la confianza en la Justicia.
Finalmente, expresaron su “rechazo” y “repudio” a los embargos irregulares, “donde son cómplices funcionarios judiciales, abogados y empresas corruptas”.
RESPUESTA RÁPIDA. La Corte Suprema la semana pasada dispuso una investigación preliminar ante la denuncia de la desaparición de los 2.500 expedientes. La denuncia fue presentada por la jueza interina del Juzgado de Paz de La Encarnación Susana Granado. Esto, luego de reportar inconsistencias respecto a la ubicación y custodia de archivos judiciales.
“El Consejo de Superintendencia resolvió canalizar el caso a través de la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, instancia encargada de sustanciar las investigaciones internas que correspondan”, explicaron desde el Poder Judicial.
A la par, se está realizando una verificación interna “para determinar el alcance de la situación, identificar los expedientes involucrados y evaluar el posible impacto en las causas tramitadas”.
El Juzgado de Paz de La Encarnación es una de las sedes intervenidas por la Corte, por sospechas de irregularidades en sentencias y embargos que hoy formarían parte de la trama delictiva conocida como la mafia de los pagarés. En la causa están imputadas más de 70 personas, entre jueces de Paz, ujieres, funcionarios judiciales, abogados y dueños de firmas.
CONVOCADOS. Hoy nuevamente fueron invitados los ministros de Corte para participar de una reunión con representantes de la Comisión de Investigación del Senado, para hablar a fondo del tema. También dos fiscalas adjuntas comparecerán a las 13:00 ante los senadores.
Defensa Pública busca iniciar una acción colectiva para estafados
“Hay que seguir insistiendo y dar respuesta a la gente. Yo creo que los tecnicismos no le van a servir a ña Juana, que desde hace seis años le están descontando su sueldo. Nosotros daremos respuesta”, afirmó el defensor general Javier Esquivel, respecto a víctimas de mafia de pagarés.
Analizando lo que dice el artículo 38 de la Constitución Nacional, donde habla de la acción colectiva, el ministro de la Defensa Pública mencionó que esto se da cuando hay intereses jurídicos homogéneos.
“Tenemos todos el mismo problema, sí. Entonces, procesalmente hoy yo tengo que hacer en cada pleito una presentación. Si hay 2.000 (pleitos), tengo que hacer 2.000 presentaciones”, dijo.
Mencionó que están analizando que si en un Juzgado hay 100 o 200 juicios que tienen el problema de las notificaciones, “¿qué problema habría de hacer una (sola) presentación en todos los pleitos? y decir, ‘queremos que se suspendan estos descuentos’, o establecer alguna estrategia procesal y que el juez tenga la posibilidad de resolver de una vez”.
La Carta Magna, en su artículo 38, menciona que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a autoridades públicas medidas para la defensa de intereses, que por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con el patrimonio colectivo”.
El ministro reconoció que no hay antecedentes de que se haya utilizado esa norma de esa manera ese artículo, y tampoco significa que esa presentación va a prosperar, pero sostuvo que “a situaciones excepcionales, debe haber respuestas excepcionales”.
BUSCANDO SOLUCIONES. Todos los días siguen acercándose personas a la Defensa Pública a pedir asesoramiento e intervención, ante casos de cobros compulsivos.
La MDP y la Defensoría del Pueblo habían solicitado a los ministerios de Salud, Educación y Agricultura la lista de funcionarios que cuentan con embargo.
“Queremos saber quiénes son, qué monto (del crédito), qué juez tiene, así nosotros veremos y analizaremos qué hacer”, sostuvo el ministro.
Respecto al proyecto de ley para que exista un registro de créditos, el defensor general espera avances. “La trazabilidad significa que vos sepas si ese documento de crédito ya se ejecutó. Eso va a significar también que se formalice. Hoy no, hoy es libre todo y se comercian también los documentos”, lamentó.
Finalmente, habló de un tema discutido, que son las notificaciones. “Si el proceso fuera regular, no hay problema; pero la irregularidad, o sea, si no notifiqué bien, esa irregularidad no puede generar derechos”, sostuvo.
Explicó que en la Defensa Pública están trabajando sobre tres problemas, las notificaciones no realizadas y las que se están ejecutando o los pagarés que se ejecutan dos veces, así como los expedientes que no aparecen.
