05 dic. 2025

Mafia de pagarés: Tibia intervención de la Corte contra los juzgados de Paz

Hasta el momento solamente se dispuso la auditoría de tres juzgados de Paz de la capital. Las víctimas exigen justicia, que los responsables paguen y que el esquema corrupto sea erradicado.

30379019

Intervenido. El Juzgado de Paz de la Encarnación es uno de los intervenidos por la Corte.

ARCHIVO ÚH

La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la semana pasada la intervención y auditoría a tres de los nueve juzgados de Paz de la capital, involucrados en el esquema corrupto de doble cobro de deudas ya canceladas, con la ejecución de pagarés finiquitados y no retirados o con datos no auténticos. El caso es conocido como la mafia de los pagarés.
Sin embargo, para las víctimas, las medidas adoptadas por la Corte son calificadas como “tibias”, ya que refieren que todos los Juzgados de Paz de Asunción, Central y Bajo Chaco están salpicados en el esquema extorsivo, así como los jueces de Paz.

MEDIDAS. Hasta ahora, la Corte dispuso la reubicación de ujieres, actuarios y funcionarios judiciales que fueron denunciados en las redes sociales por la ostentosa vida que llevan, con viajes de lujo y la adquisición de vehículos cero kilómetros y que están plenamente identificados en el esquema de la rosca mafiosa. Todos ellos pasaron a disposición del Departamento de Personal del Poder Judicial.

Además, se suspendieron los ascensos y nombramientos de los funcionarios involucrados y se dispuso la remisión de la nómina de todos los jueces de Paz de la Capital, así como de los funcionarios de los mencionados juzgados, a la Contraloría General de la República (CGR), para la realización de un examen de correspondencia de sus respectivos bienes, en el marco de la investigación.

PIDEN SANCIÓN EJEMPLAR. Pese a las medidas dispuestas por la Corte en la causa para las víctimas, la intervención aún es muy tibia. Exigen la intervención de todos los juzgados de Paz del país y la sanción de todos los responsables.

Al respecto, el abogado Guillermo Ferreiro dijo que la mafia de los pagarés es una estructura grande, que opera con total impunidad desde hace bastante tiempo y que pese a las denuncias, la Corte nunca hizo nada hasta ahora, que actuó “con esta medida tibia ante el escándalo”.

“Esto ahora tomó un grado de escándalo, digamos, pero esto es una denuncia que hace años se viene haciendo. Existen casos de denuncias penales, hay gente que presentó notas ante la Corte, ya hubo publicaciones periodísticas, y puedo decir que existe una gran complicidad”, denunció. También resaltó que “la Corte tiene demasiada responsabilidad y que ahora dispone una auditoría de reacción inmediata ante el escándalo mediático que hubo”.

PARA LA CORONA. Señaló que la estructura no se trata de un simple esquema de avivados, sino que responde a una estructura cuyo beneficiario final sería incluso un ministro de la Corte o un político; es decir, el clásico esquema del maletín para la corona. “El esquema funciona de la siguiente manera: Se nombran jueces de Paz que tienen una cuota de dinero semanal que tienen que enviar para arriba, puede ser un ministro de Corte, un senador; el que generó su nombramiento”.

30379041

Guillermo Ferreiro

<b>En la mira</b> <br/>Además de disponer la auditoría de los Juzgados de Paz de la Catedral 1º y 2º turnos, San Roque y La Encarnación, la Corte pidió a la Contraloría General de la República que haga el estudio de correspondencia de bienes de nueve jueces de Paz de Asunción. Se trata de los jueces Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco. Además, la solicitud incluye a los ujieres y demás funcionarios.

Más contenido de esta sección
Desde la Coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés lanzaron fuertes críticas contra la Corte, luego de que los ministros defendieran el trabajo realizado en la trama. Sin embargo, los afectados sostienen que la CSJ está dominada por la mafia e insistieron en el pedido de juicio político. “Las acciones son insuficientes”, afirman.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú se opuso a sobreseer definitivamente a los representantes de las empresas Serfin SA y Presto SA, involucrados en la causa de la mafia de los pagarés que habrían perjudicado a funcionarios del SNPP. Las víctimas se manifestaron ante el Poder Judicial para exigir justicia. “Ustedes no saben lo que es que cada mes te quede G. 200.000", reclamaron.
Los abogados de Gianina García Troche, ex pareja del presunto narcotraficante prófugo Sebastián Marset, pidieron a la jueza Rosarito Montanía su libertad inmediata, ya que según la ley si el juez demora en resolver una revisión de medidas, dice que se entiende que la libertad fue concedida de manera automática.
“Por ser mujer y llevar un hijo en el vientre, ella fue asesinada de esa manera”, dijo la jueza Cristel Muller, luego de comprobarse de que Víctor Cantero, pareja de María Ramona Cardozo, fue quien la asesinó. El terrible crimen había sucedido en el Cerro Cristo Rey de Caacupé, donde la golpeó e incineró.
Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, no confía en la Justicia paraguaya, por lo que decidió aceptar la extradición simplificada al Brasil, donde es requerido por delitos internacionales de tráfico de drogas, crimen de blanqueo de capitales y delito de organización criminal. Como él es brasilero, con naturalización paraguaya, busca ser juzgado allá.
Los ministros de la Corte defendieron la depuración de más de 23.000 expedientes de la mafia de los pagarés en Asunción y Central, tres proyectos de ley remitidos al Congreso y otras acciones que hoy las víctimas no ven como solución ante los descuentos. Uno de los ministros reiteró que son “muy respetuosos de la independencia de los magistrados” y que no pueden inmiscuirse en los procesos.