El proyecto fue propuesto a raíz de que “es de urgencia ineludible abordar uno de los escándalos más atroces y dañosos que ha sacudido los cimientos de nuestra República”.
La propuesta fue a iniciativa del senador Rafael Filizzola, al cual se adhirieron los legisladores Natalicio Chase, Ignacio Iramain, José Oviedo, Colym Soroka, Lizarella Valiente, Celeste Amarilla, Eduardo Nakayama, Esperanza Martínez y el presidente de la Cámara Alta Basilio Bachi Núñez.
Si se aprueba crear la comisión, esta tendría varias funciones, como la de elaborar un registro de víctimas, en donde se pueda visibilizar los hechos denunciados y a los actores públicos y privados involucrados.
También estimar el impacto económico del esquema, describir el modus operandi y proponer medidas legislativas.
Tendría también a su cargo convocar a las autoridades involucradas, que hoy están siendo investigadas por el Ministerio Público.
Por último, la Comisión debería emitir un informe final, con sugerencias que serán derivadas a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
RESPUESTA INSUFICIENTE. “Frente a semejante atropello, cabría esperar una reacción inmediata y contundente de nuestras autoridades. Sin embargo, la realidad ha sido otra”, dice parte del fundamento del proyecto.
También señala que se tomaron las imputaciones del Ministerio Público como “un gesto simbólico”, más que una verdadera intención de hacer justicia. En cuanto a la reacción de la Corte, los legisladores hablan de que no se adoptaron “medidas extraordinarias” y que tampoco se suspendieron los embargos.
Según los legisladores, existirían más de 2.700 expedientes irregulares en los diferentes Juzgados de Paz de Asunción, en los cuales estarían involucradas las empresas Carsa SA, Vanessa y Asociados SA, Finlatina, Crédito Amigo, Gestiones y Emprendimientos SA, entre otras.
Buscan modificar ley y paralizar embargos
La Comisión de Derechos Humanos analizó ayer, con la participación de agentes fiscales y representante de la Defensoría Pública, la situación de las víctimas de la denominada mafia de los pagarés.
El presidente de dicha comisión, el senador Mario Varela, habló de la posibilidad de modificar la ley para paralizar los embargos de las víctimas de la mafia de los pagarés, mientras se revisan los casos.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola anunció un proyecto de resolución para establecer una comisión especial del Senado para investigar dicha actividad delictiva.
“Estamos ante violaciones del debido proceso, lo cual constituye una transgresión a los derechos humanos. Por eso, planteamos la conformación de una mesa técnica para brindar asistencia a las víctimas”, dijo Varela.
Participaron de la reunión la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal, jefa de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con los agentes fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Juan Leonardi Guerrero. También estuvo presente el abogado Édgar Ríos, en representación de la Defensoría Pública.
