Los jueces Matías Garcete, Adriana Planás y Sonia Sánchez Laspina rechazaron de esta manera el recurso de reposición planteado por la ex jueza de Paz de La Catedral Nathalia Garcete y del abogado José Olmedo Lansac, de la Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA).
Las defensas habían recurrido la fijación de la fecha para el inicio del juicio oral con el argumento de que aún no accedieron a todas las pruebas que presentó la Fiscalía.
Además, señalaron que aún quedan otros procesados en el mismo caso del Juzgado de Paz de La Catedral, que aún no realizaron la audiencia preliminar, por lo que debían esperar esa diligencia para hacer un solo juicio oral.
En este caso, hay varios ujieres y oficiales de Justicia para quienes la Fiscalía solicitó la suspensión condicional del procedimiento; sin embargo, el juez Humberto Otazú se opuso y dio trámite a la oposición. Asimismo, respecto de otros procesados, la audiencia preliminar fue suspendida por problemas de salud.
El fiscal Leonardi Guerrero se opuso al pedido, con el argumento de que no habían señalado cuál era el agravio concreto de la defensa, por lo que debía rechazarse el recurso promovido.
El Tribunal finalmente rechazó el recurso y ratificó la convocatoria para el 10 de marzo, a fin de iniciar el juicio oral. Advirtieron a las defensas de que debían litigar de buena fe.
Por último, le dieron trámite a la apelación subsidiaria que plantearon.
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En el caso, la principal procesada es la ex magistrada Garcete, procesada por supuesto prevaricato en calidad de autora.
Según la Fiscalía, la entonces jueza habría dictado resoluciones contrarias a derecho, basándose en documentos públicos de contenido falso.
Junto a Garcete están acusados Olivia Mosqueda Núñez, actuaria judicial, como cómplice de prevaricato y autora de producción inmediata de documentos falsos; los abogados Sun Young Bang, de la firma Plan Urbano; José Olmedo Lansac y César Bogarín, de CARSA, como supuestos instigadores del prevaricato.
También están los oficiales de Justicia Óscar Rivela y Cristian Martínez, por el cargo de producción de los documentos adulterados utilizados en el esquema conocido como la mafia de los pagarés.
