La fiscala Karina Caballero se ratificó en su acusación contra los procesados Arnaldo Rafael Maciel Riveros, ex presidente de la asociación; Wilma Mercedes Cabrera, ex administradora; Blas Emilio Mora, el abogado Pedro Olmedo; el ex juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez y la ujier Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg.
Señaló que no iba a acusar a las ex actuarias Gloria Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano, quienes habrían colaborado con la causa, por lo que solicitará seguramente una salida procesal menos gravosa.
Al inicio de la preliminar, asumió el abogado Ricardo Morínigo como nuevo defensor del ex juez Rodríguez, por lo que se suspendió su preliminar. El ex presidente Arnaldo Maciel justificó su inasistencia, mientras que respecto a Blas Emilio Mora Jiménez, se suspendió por nuevo abogado.
Con relación a la ujier del Juzgado Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg se suspendió la preliminar, ya que tiene ahora un juicio de insania, hasta tanto se presente el dictamen de la Junta Médica.
En caso de determinarse que no está en condiciones mentales, se suspenderá la acción en su contra y se le deben aplicar medidas de mejoramiento.
Acusación fiscal
Después, al inicio de la audiencia, la fiscala Karina Caballero se ratificó en la acusación por los supuestos delitos de lesión de confianza y apropiación, debido a que no solo defraudó el patrimonio de la asociación de funcionarios, sino también el patrimonio individual de los socios.
Según explicó, la entidad concedía préstamos a los asociados a través de empresas de créditos. Los asociados los solicitaban y eran aprobados por la comisión directiva que hacía el trabajo de estudio de riesgos.
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Luego de aprobarse, el asociado recibía una orden de crédito que era llevada a la empresa, donde se le hacían firmar los pagarés y se le entregaba el dinero. Después, las cuotas eran descontadas por la asociación, pero estas no eran pagadas a las empresas acreedoras.
Con ello, luego, se iniciaban los juicios ejecutivos contra los asociados, quienes ya habían pagado sus créditos a la asociación.
La fiscala apuntó que desaparecieron los aportes sociales por un monto de G. 989.974.175 que no pudieron ser localizados. Indicó que el patrimonio de la entidad se componía de los bienes muebles, inmuebles, cuota social, pago de salarios y el aporte como ahorro. Este último es lo que no se encontró.
La fiscala señaló que en total el daño patrimonial a la asociación, incluyendo la suma de aportes sociales, alcanza la suma de G. 5.112.374.175.
Mafia de los pagarés
Respecto a los acusados por los juzgados de Paz, dijo que las casas de crédito, a través del abogado Pedro Olmedo, iniciaron las demandas ejecutivas contra los socios.
En ese momento, señaló que la ujier Ingrid Prette informaba que iba a notificar a la sede de la asociación, golpeaba las manos, y como nadie le atendía, dejaba adherida la nota.
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Luego, esto era informado por las actuarias Gloria Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano, y el juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez, quien ordenaba la prosecución de la demanda hasta su culminación. Al final, se ordenaron embargos, incluso, remates de bienes de los asociados.
Según la Fiscalía, no se realizaban las notificaciones, en el esquema similar a la mafia de los pagarés.
El querellante, abogado Esteban Chávez Alvarenga, también presentó su acusación contra los procesados Arnaldo Rafael Maciel Riveros, ex presidente de la asociación; Wilma Mercedes Cabrera, ex administradora; Blas Emilio Mora, el abogado Pedro Olmedo, el ex juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez, la ujier Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg. No acusó a las ex actuarias Gloria Morínigo ni Rosa del Pilar Lezcano.
