Ante el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia continuó la audiencia preliminar en otro de los casos de la mafia de los pagarés, relacionado con el juzgado de Paz de la Recoleta.
El agente Jorge Arce señaló que acusaban al ex magistrado de Paz y al ex ujier del citado Juzgado respecto a la presentación en masa de demandas de juicios ejecutivos de varias empresas de cobranzas, entre ellas, la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa).
Indicó que rápidamente salían las resoluciones, a pesar del importante volumen de expedientes, con lo que debían ser notificadas a los demandados. Sin embargo, no se presentaban los pagarés originales.
Después, el entonces ujier Fernando Cáceres no realizaba las notificaciones y que informaba falsamente que los deudores habían sido notificados.
Después, las actuarias Gloria Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano informaban al juez que los deudores notificados no se presentaron. Esto, pese a que coincidían en distintos lugares y fechas de que supuestamente se hicieron.
Con estos informes, dice la Fiscalía, se creaba la ficción de que se tenía por reconocida la firma de los deudores, y por resolución del juez continuaban los juicios, violando el derecho a la defensa de los demandados.
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Además, tampoco los oficiales de Justicia notificaban a los deudores y se realizaban los embargos correspondientes.
Según la acusación fueron 178 expedientes judiciales los que motivaron 183 resoluciones. Además, en cuatro de cinco expedientes del abogado Blas Rodríguez, llegaron a sentencias de remate.
Hurto de expedientes
Asimismo, respecto al acusado ex juez de Paz, dice la Fiscalía que entre la noche del 5 y las primeras horas del 6 de febrero del 2025, el mismo, ya suspendido por la Corte, ingresó al Juzgado de Paz de la Recoleta para llevarse varios expedientes.
Dijo que tenían imágenes de circuito cerrado, además de informes de la matrícula de la camioneta del vehículo del ex juez donde colocó los documentos.
Con ello, el fiscal acusó a Rodríguez por prevaricato, uso de documentos públicos de contenido falso y hurto, mientras que al ex ujier por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato en grado de cómplice.
Solicitó la elevación del caso a juicio oral para ambos.
