Los jueces acusados en el marco de la investigación por el caso conocido como la mafia de los pagarés dictaron resoluciones a pesar de no contar con requisitos procesales requeridos para la legalidad del procedimiento, según confirmó la fiscala Belinda Bobadilla este miércoles.
“En estos procesos judiciales se hacían una suerte de simulación de actos procesales necesarios para la legalidad de los procesos”, explicó la investigadora del caso a Radio Monumental 1080.
La sospecha del Ministerio Público es un supuesto acuerdo entre jueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados que representan a empresas de cobranzas, que habrían llevado adelante juicios para descontar salarios de víctimas a través de embargos.
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En los procesos de preparación de acción ejecutiva y juicios ejecutivos se habrían consignado como realizadas las notificaciones, lo cual no se habría dado en la realidad. “Con ese conocimiento se dictaban resoluciones judiciales, como los autos interlocutorios, por los cuales se tenían por reconocidas las firmas en los pagarés debido a la incomparecencia de los deudores”, siguió explicando.
🔸 "Mafia de los Pagarés": Fiscalía acusa a magistrados y abogados
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 24, 2025
👉🏼 La fiscal Belinda Bobadilla, una de las agentes que lleva adelante la investigación del caso, manifestó que junto a sus colegas presentaron acusaciones contra dos jueces en funciones, dos exjueces, actuarios,… pic.twitter.com/uZUGWhFKxC
Los investigadores sostienen que las víctimas no se presentaban a pagar las deudas porque no tenían conocimiento de los juicios, ya que no eran notificados. “Esto también se sostiene que el dictamen de estas resoluciones judiciales era a petición de los abogados, quienes proponían la realización de estos trámites a los juzgados e instaban el proceso”, agregó.
La fiscala Belinda Bobadilla acotó que el impulso procesal por parte de los abogados de las empresas no es ilegal en sí mismo, pero en este caso se realizó con conocimiento de que los actos procesales no se cumplían. “El pedido de hacer avanzar el proceso formulado por los abogados era con la representación y voluntad de que las notificaciones, intimaciones de pago y embargos no se estaban realizando”, sostuvo.
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El objetivo del esquema, según las pesquisas, era avanzar rápidamente en los procesos judiciales sin que los deudores fueran informados, para llegar a embargos ejecutivos y descuentos de salarios, especialmente de funcionarios públicos. “Se buscaba llegar de la forma más rápida a los estados de embargos ejecutivos y descuentos de los salarios”, recalcó.
La acusación, presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, es para los Juzgados de Paz de La Encarnación, Recoleta, Catedral 2° Turno y San Roque.
Durante estos procesos, se crearon informes falsos de notificación, así como intimaciones de pago y embargos ejecutivos, que tenían como objetivo hacer prosperar los juicios sin el conocimiento de los deudores demandados.
