31 may. 2025

Mafia de los pagarés: Imputados en fotos de fútbol y más vinculaciones

Tras la masiva imputación a 63 personas que habrían perjudicado a víctimas del esquema de pagarés, continúan saltando más vínculos que tenían entre ellos, y otros con respaldos políticos.

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Evidencia. El abogado Jorge Rolón Luna compartió foto entre funcionarios y abogado.

GENTILEZA

¿Operaban juntos? Continúan saltando las vinculaciones políticas, judiciales, gremiales, y hasta de amistad de imputados en la causa conocida como mafia de los pagarés. Un abogado era amigo de “futbolacho” de ujieres y actuarios.
Este es el caso de Ángel Aníbal Cino, abogado de la empresa de cobranza Nexo SA, que había presentado en grupo 25 demandas de preparación de juicio ejecutivo.

Quien hacía constar las notificaciones supuestamente falsas de dichos juicios era el ujier Líder Rodrigo Benegas, quien aparece junto a él en fotografías de un torneo de fútbol, según se compartió en redes sociales.

En la misma imagen también está el actuario judicial Miguel Ángel Rolón. Estos dos últimos son del Juzgado de Paz de San Roque de Asunción.

Los tres se conocían y habrían operado juntos.

El actuario tramitó los 25 expedientes y elevó a la jueza Liliana González de Bristot, quien terminó dictando resoluciones –según la Fiscalía– en contra de las víctimas, ya que estas no fueron notificadas.

FAMILIARES. Otro de los imputados en la causa es el abogado Carlos Enrique Neffa Persano, procesado por instigación al prevaricato y uso de documentos falsos.

Fue jefe del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación.

Es esposo de la ex fiscala Raquel Fernández, la primera que llevó la investigación del asesinato al joven liberal Rodrigo Quintana, y terminó siendo denunciada por supuestas irregularidades.

Ella había considerado como “morbo” pedir el cruce de llamadas de altos funcionarios del Gobierno para saber qué pasó en la noche del 31 de marzo del 2017, cuando los policías entraron disparando en la sede del Partido Liberal.

Medios de prensa después publicaron que tuvo un aumento en su patrimonio.

En cuanto a la vinculación de Neffa con la causa de los pagarés, él en representación de la empresa Geco (Gestiones y Cobranzas SA), había presentado once demandas promoviendo juicios de reconocimiento de deuda en marzo del 2023, en el Juzgado de Paz de La Catedral.

En noviembre de ese año solicitó la rebeldía de los demandados por no contestar la demanda, a sabiendas que el ujier nunca hizo las notificaciones, según la Fiscalía.

Otra de las imputadas es Audrey Jazmín Galeano, ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, quien renunció tras saltar a luz los resultados de auditoría de la Corte, donde figuraba que habría consignado falsamente 43 notificaciones, coincidiendo día hora y ciudades diferentes.

Ella es hija del director de la facultad de Ciencias Políticas de la UNA, Rubén Galeano, ex presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP).

Audrey fue delegada en Derecho UNA y fue parte del equipo gremial de Ceres Escobar, concejal municipal colorado.

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Carlos Neffa Persano

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Audrey Jazmín Galeano

Rechazan recusación a Rolón
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández en la causa mafia de los pagarés. La recusación la había presentado el oficial de Justicia Ronald Navarro, quien a pesar de no haber sido imputado en la causa, dijo estar siendo investigado y alegó amistad con el titular del Ministerio Público. Navarro ya había recusado a la fiscala Belinda Bobadilla –quien lleva adelante la investigación– e impugnó la confirmación de la agente en la causa. También la denunció penalmente, por persecución de inocentes, prevaricato y otros hechos. Le acusa de supuestamente facilitar datos de la causa a la prensa.

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El parlamentario apuntó a que los ministros de Salud, de Educación y Economía “están violando la ley” en el tema de la mafia de los pagarés, ya que la normativa establece que solo hasta el 25% del total del salario (salvo casos de asistencia alimentaria) puede ser embargado, pero que se conoce casos de víctimas en que el porcentaje de descuento es mucho más.
Las víctimas que forman parte de una coordinadora cuestionaron las expresiones del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, quien dijo que no se pueden parar los descuentos de manera genérica y que debe hacerse caso por caso. También expresó que hay que evaluar en un futuro si los jueces tienen responsabilidades.
La jueza de Garantías, Cynthia Lovera, dispuso el sobreseimiento provisional, a pedido del fiscal Itálico Rienzi, de los cinco imputados por la supuesta megaestafa de la herencia del comendador Domingo Faustino Correa de Río Grande Do Sur, Brasil, muerto el 29 de junio de 1873. El caso tuvo unas 300 víctimas, según la Fiscalía.
La defensa de José Pastor Insfrán, acusado en el caso A Ultranza Py —cuyo juicio oral aún debe fijarse—, solicitó la tutela jurisdiccional ante el juez de Ejecución, Carlos Mendoza, a fin de que el Ministerio de Justicia le informe si está o no calificado como de “alta peligrosidad”.
El juicio oral sobre la pena en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero, fue suspendido, para dar trámite a las apelaciones, tras el rechazo del Tribunal de Sentencia de los recursos de las defensas.
Los fiscales que investigan los casos de la mafia de los pagarés, solicitaron a los magistrados Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú, la extracción de datos de los teléfonos de los suspendidos e imputados jueces de Paz Carmen Analía Cibils, Gustavo Villalba, Nathalia Garcete y la ex magistrada Liliana González de Bristot.