El fiscal Andrés Arriola informó que en la tarde de este jueves culminó la audiencia preliminar en el caso de la muerte del pequeño Itzael y el juez Óscar Gómez, conforme a las pruebas arrimadas por el Ministerio Público, decidió elevar la causa a juicio oral y público.
Derlis Antonio Duarte Ferreira y Yeselin Rebeca Quintana Olazar, padrastro y madre del niño, están privados de su libertad.
Este jueves la madre presentó un incidente de cambio de calificación de carátula del caso, de homicidio doloso a homicidio culposo y someterse a un procedimiento abreviado, sin embargo, el fiscal se opuso atendiendo a las pruebas que obran en la carpeta investigativa, las cuales se pudieron recabar durante la investigación.
“El juez rechazó el pedido de la madre y fue así que esto se elevó a juicio oral y público”, expresó en conversación con un medio local.
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Explicó que se realizó un dictamen pericial médico en el cual la Fiscalía puso un perito al igual que las partes, además hubo un tercer perito imparcial que puso la Corte Suprema de Justicia y todos fueron categóricos en que el deceso del menor no fue producto de un accidente de tránsito o de una sola vez, sino que eran por reiterados maltratos físicos y lesiones que él ya tenía.
“Por un simple apretón no se iba a poder producir la muerte del menor, fueron golpes contundentes que llevaron al deceso del mismo”, refirió.
El caso
El pequeño Itzael, de 1 año, perdió la vida el 16 de abril del año pasado. El niño llegó al Hospital de Loma Plata, del Departamento de Boquerón, sin signos de vida y con varios hematomas, por lo que los médicos propusieron que se realizara una autopsia, cuyo resultado puso en la mira de las autoridades a su padrastro Derlis Antonio Duarte Ferreira y a su madre biológica Yeselin Rebeca Quintana Olazar.
Ambos mencionaron que el pequeño falleció en un accidente automovilístico que tuvieron.
La Fiscalía inició una investigación penal y el 29 de mayo del año pasado, como primera medida, presentó imputación contra la pareja por homicidio doloso. Además, solicitó la prisión preventiva para Duarte y Quintana, quienes fueron detenidos y derivados a la Comisaría 1ª. Sin embargo, nunca fueron trasladados hasta la cárcel de Concepción y el Buen Pastor, como había decretado el juez Aníbal Ortiz Granada.
El 31 de julio de ese año, el defensor público Ricardo Gosling solicitó al magistrado cambio de calificación de homicidio doloso a homicidio culposo, con base a la pericia accidentológica realizada por el suboficial de Criminalística Pedro Rotela, quien determinó que es probable que las fracturas que presentaba el infante hayan sido producto de que Duarte comprimió el cuerpo del niño de forma muy violenta.
El juez Ortiz decidió rechazar el cambio de calificación requerido por la defensa, pero de igual manera decidió otorgar a los encausados el arresto domiciliario.
El fiscal Héctor Velázquez apeló dicha resolución y, el 25 de setiembre de ese año, el Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de Boquerón decidió revocar el fallo de Ortiz y remitir a Duarte y Quintana a la penitenciaría.
Ortiz dio cumplimiento y envió al hombre a la penitenciaría de Concepción y a la mujer a la del Buen Pastor.
Informe forense
El informe forense del Ministerio Público señala que Itzael falleció por una muerte violenta, causada por traumatismo cerrado de tórax y el abdomen. Además, por mecanismo de muerte por shock hipovolémico.
El infante sufrió hematomas en todo el cuerpo, múltiples fracturas y hemorragias.
