El fiscal Miguel Quintana, de la Unidad Especializada Anticontrabando del Ministerio Público, encabezó un allanamiento en la mañana de este miércoles. El agente, en conversación con Última Hora, explicó de qué manera se logró ubicar el sitio.
En el lugar fueron localizadas varias cajas de mercaderías de marcas argentinas, las cuales habrían ingresado al país de contrabando. Galletitas, jugos, jabones, mayonesa, aceite, artículos de higiene personal y vino figuran entre los productos que fueron decomisados.
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El fiscal encargado del procedimiento comentó que este sitio fue ubicado tras el análisis de informaciones que fueron brindadas a la Policía Nacional durante una redada de 10 allanamientos que se realizó a finales de junio en el Mercado de Luque. Los datos indicaban que el lugar fungía como una especie de escondite para las mercaderías de contrabando.
.#UIC allanamiento en Luque, en 2 vehículos de gran porte, y 4 camionetas, fueron cargados los productos incautados del local allanado. @PN_DCHPEF_Py @policia_py @aduanapy @MinPublicoPy pic.twitter.com/AgemPoSSrs
— Emilio Fuster (@emiliofuster1) July 12, 2023
Una vez que las autoridades llegaron hasta el depósito, situado en la calle Héroes del Chaco casi Javier Bogarín, en el Tercer Barrio de la ciudad de Luque, del Departamento Central, se divisó que al fondo había una vivienda. El propietario del inmueble dijo que el salón fue alquilado a una mujer. No obstante, esta no sería la dueña de las mercaderías.
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El agente del Ministerio Público explicó que las mercaderías incautadas fueron retiradas en 2 camiones grandes y 5 camionetas. El valor estimado de los productos es de unos G. 500 millones, explicó el fiscal.
Asimismo, en el lugar se encontraba un vehículo de la marca Toyota, tipo Funcargo, el cual tenía algunos productos en su interior. El automóvil fue incautado y se presume que era utilizado para la distribución de las mercaderías a los locales del Mercado de Luque.
El fiscal Miguel Quintana explicó que las personas implicadas en hechos de contrabando de mercaderías se exponen a penas privativas de libertad de entre 6 meses y 5 años, de no existir otros agravantes.
