La negativa del mandatario se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado el 8 de enero de 2023 por simpatizantes de Bolsonaro.
En su discurso, Lula, que estuvo acompañado de algunos miembros del Ejecutivo, destacó la “firmeza” de las instituciones democráticas brasileñas, las cuales, según él, le dieron a los acusados por el intento de golpe de Estado “un juicio justo, con todos sus derechos preservados”.
“Tal vez la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio de los golpistas por parte del STF (Supremo Tribunal Federal)”, expresó el mandatario progresista.
“Todos ellos tuvieron amplio derecho a la defensa. Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad”, manifestó Lula, quien a continuación felicitó a los jueces de la Corte Suprema a cargo del proceso, cuya conducta, según él, “será recordada en la historia”.
La ceremonia, que inicialmente nació como un símbolo de consenso entre los tres poderes, no contó en esta oportunidad con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, ni de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que justificaron su ausencia por asuntos personales. Tampoco estuvieron presentes miembros de la Corte Suprema, quienes optaron por organizar sus actos institucionales independientes.
PUEDE SER REVERTIDO. Con todo, el veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.
El proyecto de ley vetado contiene medidas que benefician directamente a la cúpula del movimiento golpista; entre ellas impide la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, al considerarlos tipos penales similares, aplicando la pena más grave, lo que reduce significativamente los años de condena.
Asimismo, la propuesta plantea reducir hasta en dos tercios las penas cuando los crímenes fueran practicados como parte de una “multitud”, como sucedió en el asalto del 8 de enero de 2023, y permite una progresión más rápida al régimen semiabierto tras cumplir apenas una sexta parte de la condena.
Bajo estos criterios, Bolsonaro, altos cargos militares y antiguos ministros del gabinete conservador podrían abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque aún serían obligados a dormir en la cárcel durante un tiempo establecido por la Justicia.
Tres años después de los violentos actos a las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Supremo ya condenó a más de 1.399 acusados, según datos divulgados por esta misma institución. De los 31 principales actores oficiales acusados de liderar, planificar o ejecutar de alguna manera la trama golpista, 29 fueron condenados a prisión, entre ellos el ex presidente Jair Bolsonaro.
