Los técnicos de la Administración Nacional de Electricidad descubrieron que el perjuicio a la entidad ascendía a G. 397 millones mensuales, en la estancia. El pedido de verificación de las llamadas realizado en las horas previas del allanamiento realizado el martes pasado en la estancia, fue solicitado por el abogado Freddy González, asesor de la ANDE, quien afirmó que con ese dato la Fiscalía podría avanzar en la identificación de los piratas y sus colaboradores. Esto teniendo en cuenta que el ingreso de los técnicos al inmueble generó suspicacias, tras la desaparición de las máquinas procesadoras que habían en dos contenedores.
Para González, llevar los casos a unidades especializadas también obstaculiza la celeridad de los procedimientos, ya que ellos si tienen juicios orales u otras diligencias, no pueden actuar en forma rápida, por lo que los ilegales tienen tiempo de hacer desaparecer las evidencias.
La estancia Santa Mónica es un inmueble de miles de hectáreas, ubicado en el kilómetro 47 de la ruta PY07, en el distrito de Hernandarias. La propiedad cuenta con varios centros de consumos, que fueron verificados por la ANDE el lunes pasado, antes de pedir la orden judicial para ingresar a la granja de criptominería, que funcionaba en un depósito con cercado perimetral, según explicó el abogado.
Los funcionarios de ANDE quedaron hasta las 22:00 del lunes, esperando a policías del Grupo Especial de Operaciones para resguardar el acceso. Al día siguiente, se percataron que los equipos fueron desmontados y trasladados a lugar desconocido. El fiscal Alcides Giménez afirmó que se sospecha que los equipamientos habrían sido traslados a otro depósito en el barrio Caacupemí de Hernandarias.
