La Justicia dio una lección a la Justicia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por camaristas, porque los titulares no se animan a tomar decisiones calientes, revocó la condena de los 11 campesinos acusados de la masacre de Curuguaty, aquella tragedia político-social del 2012 que provocó el juicio político y posterior destitución de Fernando Lugo, el único presidente no colorado en 70 años.
Los jueces Emiliano Rolón, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez tomaron la decisión repartiendo duros cuestionamientos al trabajo de la Fiscalía y los jueces que en primera y segunda instancia sentenciaron en una causa sin “fundamentaciones e indefensión de los campesinos”. Para Sánchez, el caso ni siquiera debía haber pasado la primera instancia, mientras que Rolón categóricamente asegura que “condenaron a las personas solo por estar en la escena del crimen”.
La decisión fue un duro golpe para las dos instituciones más cuestionadas por la sociedad, como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, y coincide con el fin de la era Cartes, cuyo gobierno finaliza en 17 días.
No es una casualidad. Horacio Cartes deja como nefasta herencia la destrucción de la institucionalidad. Ni la Fiscalía ni la Corte Suprema se constituyeron en el muro infranqueable para la presión política convirtiéndose en meras sombras de sí mismas.
Pero así como hay jueces venales o débiles, hay también jueces probos y valientes que pueden rectificar rumbos. Como bien lo dijo el juez Rolón: “Tenemos que hacer un mea culpa como institución. Trajimos siempre una lógica dogmática tendiente a favorecer a las hegemonías”.
ANTIBIÓTICOS CONTRA EL PODER. Así como el cuerpo humano enferma y su sistema inmunológico empieza su lucha interna para combatir las bacterias, la democracia también tiene sus anticuerpos que se activan para combatir y luchar contra aquellos elementos que buscan destruirla.
La transición paraguaya es rica en ejemplos. Cada vez que un mandatario pretendió eternizarse en el poder, surgieron las trabas para evitarlo, ya sea desde el mismo poder, ya sea desde una ciudadanía activa. Hasta hoy, en Paraguay ningún presidente pudo lograrlo a pesar de los fuertes vientos de la región donde varios mandatarios lograron reelecciones, gracias a cuestionados cambios constitucionales. Cada vez que aquí se pretendió instaurar la reelección por la vía inadecuada, se activaron los anticuerpos para evitarlo, con el alto costo de vidas inclusive.
Un mensaje sin duda que debe leerlo con detenimiento el presidente electo, Marito Abdo Benítez, quien repite y promete cuando puede que solo estará cinco años en el poder. “Yo ya no soy adversario de nadie. Yo tengo fecha de vencimiento. Yo me voy en el 2023. Voy a ser senador vitalicio, porque yo creo que eso es lo que dice la Constitución. Respeto a quienes piensan diferente, pero yo voy a ser senador vitalicio y no voy a buscar mi reelección”, ratificó días pasados, en indisimulada crítica a Cartes y a su aliado Nicanor Duarte Frutos, quien por segunda vez pierde la batalla por una banca activa en el Senado.
Si aprende la lección, Abdo Benítez no repetirá la trágica experiencia de forzar las instituciones para objetivos megalómanos.
La sociedad paraguaya lo viene demostrando desde los 90 que no permitirá el rompimiento de ciertas reglas de juego. Lo demostró en marzo de 1999 y en marzo del 2017. Castigó a los presidentes que pretendieron mantenerse en el poder a través de delfines: Nicanor y Cartes fueron derrotados en las urnas.
BLINDAJE. Otro tema que agita el panorama político es el caso del diputado José María Ibáñez, quien creyó que con el blanqueo que le facilitaron fiscales y jueces, quedaría absuelto ante la ciudadanía por el delito de haber pagado a sus caseros con dinero público. Hoy su banca corre peligro porque su presencia incomoda en la Cámara y sobrevuela la pérdida de investidura. Ibáñez y el nuevo oficialismo saben que el caso es un incordio que necesita un final. Marito ya tiene suficientes dolores de cabeza con la guerra declarada del cartismo, cuyas ráfagas se intensificarán a partir del 16 de agosto y en este momento lo que menos necesita es problemas en el Congreso. Su gobernabilidad está en riesgo y por ello ya se habla de enviarlo a alguna lejana embajada para disipar esta tormenta.
Por su propia sobrevivencia, el Congreso necesita activar sus anticuerpos y si Ibáñez es hoy la bacteria que hay que erradicar, lo harán si hace falta. Ya lo hicieron con Nicanor y Cartes, y corren el mismo riesgo Óscar González Daher y Oviedo Matto, cuyas reelecciones siguen indignando a la ciudadanía.
Otra institución que necesita activar sus anticuerpos es la Justicia Electoral, nuevamente envuelta en un escándalo que mina su credibilidad como institución rectora de las elecciones. ¿Superará otro tumulto en momentos en que sus dos ministros, Bestard y Wapenka, buscan su inamovilidad?
La democracia puede ser humillada, herida, manoseada, pero en el momento menos esperado y de los actores menos sospechados pueden surgir los anticuerpos para defenderla. No tiene calendarios ni recetas. No se sabe qué ni quiénes pueden despertar la ira ciudadana.
Solo se sabe que cuando se activan, no hay cómo frenarlos.
