El periodo de propaganda electoral para las elecciones municipales arranca este jueves y se extiende hasta las 23:59 del jueves 1 de octubre de 2026, conforme al artículo 290 de la Ley Nº 7135/23, del Código Electoral. Vencido el plazo, los candidatos deben retirar los materiales, pero generalmente no cumplen con este requerimiento.
El director de Procesos Electorales de la Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, reconoció en diálogo con Última Hora que aunque existen reglas sobre la colocación de propaganda en espacios públicos y sobre los plazos para retirarla, en la práctica estas disposiciones rara vez se cumplen y los costos generalmente recaen en las municipalidades.
Explicó que, en el caso de edificios e instituciones públicas, corresponde a la Justicia Electoral ordenar el retiro de propaganda irregular, mientras que la instalación de pasacalles y carteles en la vía pública depende de las ordenanzas de cada municipio. En ese sentido, indicó que las municipalidades tienen un rol central tanto para autorizar los lugares permitidos como para denunciar las infracciones y aplicar sanciones.
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Recordó además que hace varios años, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) planteó un proyecto de ley para establecer un mecanismo que obligara a los candidatos a retirar su propaganda una vez finalizada la campaña. La propuesta contemplaba que las municipalidades exigieran un depósito de garantía por cada pasacalle, cartel o afiche instalado.
“Es una letra muerta realmente porque nadie saca sus pasacalles. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley donde la municipalidad debía exigir una garantía por cada colocación de pasacalles o carteles, afiches, murales, etcétera, de tal forma que si es que a los dos días o tres días los candidatos no retiran su publicidad de la vía pública, la municipalidad, con ese depósito de garantía, saca la publicidad”, señaló.
Ljubetic desconoce por qué la iniciativa nunca prosperó en el Congreso y quedó archivada.
“Es una letra muerta realmente porque nadie saca sus pasacalles. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley donde la municipalidad debería exigir una garantía por cada colocación”.
Otro de los principales obstáculos para aplicar sanciones, añadió, es la dificultad para identificar a los verdaderos responsables de la colocación de la propaganda.
Advirtió que el sistema actual incluso permite maniobras maliciosas, como instalar propaganda de un candidato en un sitio prohibido para provocar que este sea sancionado.
“Yo puedo colocar un pasacalle tuyo en un lugar prohibido para que te multen a vos. Después, ¿cómo se prueba quién lo colocó?”, ejemplificó.
Al respecto, planteó el registro obligatorio de los responsables de instalar la propaganda, administrado por las municipalidades, de modo que cada cartel o pasacalle pueda vincularse con una persona o apoderado identificado.
Mientras ese mecanismo no exista y las municipalidades no impulsen denuncias, concluyó, la regulación sobre propaganda electoral seguirá siendo de difícil aplicación y las restricciones previstas en la ley continuarán sin efectos prácticos.
