La senadora Lizarella Valiente (ANR-HC) salió al paso de las publicaciones del diputado Raúl Benítez sobre un supuesto uso de fondos públicos de la Municipalidad de Asunción para su campaña política.
A través de su abogado, Óscar Tuma, la senadora anunció que enviará a un escribano a la oficina del legislador para que se ratifique o rectifique de sus dichos.
“Dichas manifestaciones son absolutamente falsas, carentes de sustento fáctico y jurídico, y constituyen un agravio directo al honor, la reputación y la trayectoria política de la senadora Valiente”, refirió Tuma a través de su cuenta de X.
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🔴 Bonos se utilizaron para pagar campaña política de senadora, ratifica diputado
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 28, 2025
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Por su parte, el diputado Benítez señaló que estará esperando en su despacho al escribano y dio a entender que se ratificará en sus dichos.
“Evidentemente estos datos nos dan un indicio de que los asuncenos van a pagar en largas cuotas el desfalco de la Municipalidad que se dio aparentemente motivado por la campaña electoral de la esposa del intendente”, afirmó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
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El legislador recalcó que G. 180.000 millones de los bonos G8 emitidos por el ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez, esposo de la senadora Valiente, fueron transferidos a la Municipalidad el 30 de noviembre de 2022, y que se registró un alto nivel de débitos entre el 6 y el 14 de diciembre, apenas cuatro días antes de las elecciones.
“Ella (Lizarella) ganó en 68 locales en todo el país, 67 fueron en Asunción, o sea, vos cruzás Calle Última y cualquier persona no simpatiza con la senadora”, agregó.
Lapidario informe
El informe del interventor Carlos Pereira señala que los reintegros o reposiciones que se realizaron en la Comuna capitalina estaban supeditados a la disponibilidad de ingresos propios, pero estos eran insuficientes para cubrir la totalidad de los montos utilizados.
Se subraya que se violó la Ley Orgánica Municipal al gastar el dinero de préstamos para obras en sueldos y otros gastos corrientes.
En el informe, el interventor Carlos Pereira subraya reiteradamente que los fondos de los bonos G8, que ascienden a aproximadamente G. 500.000 millones, fueron para gastos corrientes y no para obras, es decir, esa es la respuesta del interventor a la pregunta ciudadana de "¿Dónde están los G. 500.000 millones?”.
