En medio de una fuerte polémica, el Senado aprobó el jueves el proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal, por el que tipifica como crimen las ocupaciones de tierras, más conocida como ley Zavala, aludiendo a su ideólogo, el ganadero y senador del Partido Patria Querida. Su propuesta fue refrendada por los colorados Enrique Riera y Enrique Bacchetta, el liberal llanista Fernando Silva Facetti y Patrick Kemper, de Hagamos.
El tema fue ampliamente debatido en el Senado por más de seis horas y la discusión no estuvo exenta de polémicas, alusiones personales con tufo machista que surgieron a falta de argumentos. La votación tuvo una indiscutible mayoría de 29 votos a favor de la ley, gracias al apoyo de PPQ, ANR, un sector del PLRA y Hagamos. Votaron en contra (13): el Frente Guasu, PDP y cuatro liberales.
La nueva propuesta duplica las penas, ya que eleva la condena de 2 años o multa a 6 años de prisión a quienes ingresen con violencia al inmueble ajeno. Si la invasión causa daño patrimonial a los bienes existentes, la pena privativa se eleva de 5 a 10 años.
El objetivo único de la modificación de la ley es convertir en crimen el delito de la ocupación. El Código Penal cataloga como delito aquellos hechos punibles que tienen prevista una pena privativa de libertad de 5 años y crimen aquello que excede los 5 años de pena privativa de libertad. Si bien anteriormente, al calificarse como crimen no se aplicaba la medida sustitutiva, o sea iba directo a la cárcel, una modificación reciente estipuló que ya no es relevante para la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que el hecho sea calificado como delito o crimen. Pero la decisión queda a criterio del juez. ¿Usted cree que un magistrado se atrevería a dejar litigar en libertad a un invasor a sabiendas de que su cargo depende del humor político? Un corrupto, un evasor, un contrabandista, un homicida culposo tendrán esos privilegios, pero jamás alguien que ose ocupar una propiedad privada. Lo que aquí se plantea es que la ley sea igual para todos, pero las noticias nos abruman diariamente con la impunidad de los poderosos.
LA CUESTIÓN DE LA TIERRA. Cada historia tiene dos lados. Como la moneda. En este debate sobre el derecho a la propiedad privada versus el derecho a la tierra, ambos consagrados por la Constitución, los senadores decidieron blindar al primero desconociendo la lacerante realidad de lo segundo. Especialmente en el país de la más alta concentración de tierra en el mundo, donde el 2,5% de los productores poseen el 85% de las tierras rurales. Se estima que existen 300.000 campesinos sin tierra. La raíz de esta desigualdad: la repartija inmoral de más de 7 millones de hectáreas en la época de Stroessner, según concluyó el informe Verdad y Justicia en el 2008, y que la débil democracia que no supo resolver en 30 años. Son las denominadas tierras malhabidas, es decir, que tienen origen o se obtienen de manera ilegal o indebida.
La lucha por un pedazo de tierra está escrita a sangre y fuego en el Paraguay. Ya van 126 dirigentes campesinos asesinados en el conflicto. En la dictadura stronista, con una ley agraria absolutamente permisiva, se repartieron millones de hectáreas a los hombres fuertes de la época: generales, correligionarios, empresarios y amigos del poder. Hasta el ex dictador Anastasio Somoza recibió como obsequio 8.000 hectáreas. Obviamente en esta privilegiada lista no estaban los campesinos ni los opositores, que si se atrevían a reclamar les daban dos metros cuadrados bajo tierra.
La reforma agraria no ha pasado de los papeles por lo poco que se hizo en este tiempo. El Indert ha demostrado absoluta incapacidad por su corrupción sistémica y las demás instituciones, como Catastro y Registros Públicos, continúan con su conveniente ineficacia que beneficia al país del latifundio. El verdadero negociado está aquí, en la mafia de la tierra propiciada por las propias instituciones del Estado.
Si bien es cierto que existe una industria de las invasiones, en su mayoría apoyada por políticos inescrupulosos que buscan granjearse el apoyo popular o forzar la compra de la tierra donde seguramente cobrará algún beneficio, no se puede desconocer la realidad social del país. Una mirada necesaria y obligatoria que debe hacer el Congreso a la hora de redactar leyes.
Un país con tanta desigualdad con élites insensibles, las luchas sociales se convirtieron en la única vía para forzar al Estado a conceder derechos y de esa manera mejorar la calidad de vida. Esta es una verdad irrefutable. Numerosos asentamientos campesinos que hoy son prósperas colonias han surgido de las ocupaciones. No lo lograron golpeando amablemente la puerta del Indert. Y esto es culpa de los sucesivos gobiernos que no han dado la mínima respuesta a las demandas sociales.
Quienes apoyan esta ley creen que solucionarán mágicamente el problema simplemente elevando las penas. Es la errónea visión de aquellos que creen que con prohibir una conducta o sancionar severamente hará que desaparezca la causa que produce ese hecho punible. Los problemas sociales no se pueden meter bajo la alfombra de una ley punitiva. Una mirada más amplia, menos sesgada por posiciones de privilegio o de intereses de sus padrinos políticos y económicos, les permitiría ver que la dramática situación requiere soluciones de fondo en un país con dos millones que viven en la pobreza y cuya situación empeoró con la pandemia.
La ley será una realidad porque será aprobada sin chistar en la Cámara de Diputados, donde ya se bajó la orden; y el presidente Abdo Benítez le dará su ok final.
¿Logrará su objetivo? No hace falta tener la bola de cristal para asegurar que no. Se ha demostrado que la sola elevación de penas no resuelve el problema, y menos aún cuando se trata de problemas sociales.
La ley será una realidad, pero su ineficacia será dinamitada por la propia realidad.
