Jorge Rivas, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, analizó los principales cambios que introduce la Ley 7445/25, y despejó dudas sobre algunos puntos que generan polémica. Municipalidades y sindicatos presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la norma.
En cuanto a la estructura, Rivas señala que “lo primero y más llamativo es que establece nuevas categorías de funcionarios públicos”, ya que distingue a los contratados de los nombrados, categorizándolos como empleados y funcionarios públicos, respectivamente.
La Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, bastante resistida durante su tratamiento, está en vigencia y trae consigo un cambio importante en la forma de ingresar, permanecer, ascender y ser desvinculado del sector público, incluyendo medidas más estrictas contra el nepotismo y nuevas normas sobre el uso de tecnología.
DEBATE. Aunque el debate político incluye posturas a favor y en contra, Rivas, abogado y también consultor, destaca que varios de los aspectos incluidos en la normativa responden a reclamos históricos sobre la necesidad de modernizar y ordenar el empleo público en Paraguay.
“Siempre que hay un cambio legislativo, se generan naturalmente inquietudes, dudas, preocupaciones (...). La anterior ley estuvo vigente durante 25 años, o sea, mucho tiempo, y, por tanto, la gente ya se acostumbró a esa normativa; entonces, nuevos cambios se generarán, preocupación, es natural. Ahora, esta nueva ley recoge fundamentalmente toda la experiencia acumulada durante la vigencia de la anterior, corrige errores y mejora sustancialmente la normativa”, apuntó.
“Con la Ley 1626 tenemos nombrados y contratados. Ahora tenemos funcionarios públicos, directivos públicos y directivos de conducción política. Ya es diferente la manera en que clasifica a los servidores públicos en general. Los empleados públicos son los contratados, y tienen un régimen similar pero no igual al de los funcionarios. Antes funcionarios y empleados públicos eran términos equivalentes, ahora se hace la distinción y se establece una regulación específica propia para ambos. Los empleados no pueden acceder a cargos directivos, no pueden ocupar cargos de confianza, por ejemplo”, aclaró.
Respecto al combate al nepotismo, Rivas destaca que “esta ley es mucho más severa” para evitar este tipo de casos, lo que se evidencia que incluso fueron en aumento en los últimos años.
“Una queja muy frecuente es que los funcionarios antiguos con estabilidad parece que trabajan al mínimo. (…) Entonces, por eso se establece que uno está sujeto a la evaluación de desempeño. La idea de la ley, así como está diseñada, es de profesionalizar la función pública y para eso se establece una normativa”, resaltó a su vez.
También aseguró que la nueva norma establece que incluso todos los contratados deben aportar a un régimen de seguridad social de forma obligatoria. Esto podría ser positivo para la sostenibilidad de la Caja Fiscal, que actualmente tiene un déficit de más de USD 160 millones.
“Mientras tanto, es necesario que los intendentes reglamenten, porque si no reglamentan, deberán estar a la reglamentación que hace el Viceministerio de Capital Humano. Entonces, sería una tontería que uno deje que otro le reglamente su propia casa”, advirtió finalmente.
