Según señaló, los datos del estudio actuarial 2025-2100 indican que con una rentabilidad real de al menos dos puntos porcentuales por encima del IPC, la previsional aún cuenta con margen, pero la sostenibilidad a largo plazo depende de reformas y decisiones que deben asumirse con anticipación.
Entre los puntos más urgentes, Ibarrola mencionó la necesidad de definir una fuente de financiamiento específica para el Beneficio Adicional Anual (BAA), más conocido como aguinaldo, vigente desde 2013 y sin respaldo presupuestario explícito. Según el análisis, cubrir este beneficio sin una fuente clara adelanta entre cuatro y cinco años el cruce entre ingresos y egresos, por lo que planteó la posibilidad de establecer un recargo transitorio afectado o una reasignación de rentas extraordinarias, con un cronograma de transición que evite presiones sobre el flujo ordinario de la institución.
Otro aspecto clave es mejorar la gestión de recaudación y reducir la morosidad. De acuerdo con el economista, la deuda acumulada entre 2020 y 2025 representa alrededor del 13% del stock y debe ser el foco de una estrategia de recuperación con metas claras. En paralelo, sostuvo que se debe avanzar en la formalización del empleo, ya que una mayor base contributiva es fundamental para sostener el sistema en el tiempo.
La rentabilidad de las inversiones constituye otro frente central. El estudio actuarial contempla escenarios de sensibilidad con retornos reales que van del 0% al 4,25%, todos compatibles con trayectorias de la reserva, siempre que se mantenga la política histórica de retornos positivos. Ibarrola subrayó que será necesario sostener el objetivo de rentabilidad real positiva mediante una diversificación prudencial del portafolio y con límites regulatorios adecuados, aprovechando las autorizaciones vigentes.
En el largo plazo, advirtió que podría ser inevitable avanzar hacia un ajuste paramétrico gradual en aspectos como la edad de jubilación, la densidad de aportes y la fórmula de cálculo de beneficios. Estos cambios, aclaró, deben basarse en evidencia técnica y construirse a partir de un diálogo amplio y consensuado, en caso de que los próximos estudios –ya homogeneizados con Censo 2022– evidencien un deterioro.
Además de las medidas financieras y estructurales, Ibarrola resaltó la importancia de que el IPS implemente una estrategia de comunicación técnica que refuerce la confianza ciudadana. Recomendó la publicación de informes mensuales con datos claros sobre déficit corriente, uso de rentas y situación de la reserva, diferenciando entre los fondos de Jubilaciones, Salud y Administración. Señaló que es indispensable establecer una vocería única para evitar alarmas innecesarias y brindar mayor certidumbre a los asegurados.
