No obstante, la aprobación en general, en diciembre pasado, dejó varias controversias, ya que no se tuvo en cuenta el estudio de comisiones especializadas y se buscó un documento más a medida del oficialismo, incluso, poniendo en riesgo el libre acceso a la información pública.
La ley de protección de datos personales busca establecer un marco legal para la protección de información personal de los ciudadanos. Si bien hay un consenso de que existe un vacío legal, pero el enfoque en cómo se van a regular varía según cada sector.
La controversia radica en que, según la oposición, la propuesta de ley fue modificada de forma abrupta y unilateral por parte del oficialismo colorado.
El reclamo es que no se habría considerado el trabajo previo hecho por la sociedad civil y sectores involucrados para garantizar que la propuesta en verdad proteja los datos personales desde un enfoque de derechos.
Para el efecto, ya antes del receso parlamentario se había aprobado en general en base a un dictamen controvertido de la Comisión de Equidad Social, presidida por la líder de bancada del cartismo, diputada Rocío Abed.
Ese procedimiento que primó fue duramente atacado por los que venían trabajando y elaborando un documento consensuado a través de audiencias y reuniones. Precisamente fueron las comisiones especializadas las que fueron dejadas de lado.
Otro aspecto que objetan es que la implementación de la ley está a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), encabezados por Gustavo Villate, a quien consideran que tiene una floja gestión.
Pero el punto que significaría un retroceso es el que afectaría al libre acceso a la información pública garantizada en la Constitución Nacional. De acuerdo al diputado Raúl Benítez, desde el principio, la propuesta del oficialismo fue “bastardear la ley”. “Desde el principio, con la propuesta de Abed se pervirtió el proyecto”, indicó. “Los oficialistas introdujeron cambios para matar la Ley de Acceso a Información Pública. De aprobarse, las informaciones requeridas dependerán de las autoridades de cada institución”, alertó el diputado opositor, en torno al proyecto en cuestión. De esta forma, advirtió, se mataría la ley que garantiza el derecho al acceso a la información pública.
