15 dic. 2025

Levantan suspensión de otra jueza de Paz

Por pasar el plazo máximo de suspensión que puede disponer la Corte Suprema, levantaron ayer la suspensión de la jueza de Paz del distrito de San Roque, Liliana González de Bristot, quien sigue bajo sumario, en el caso conocido como la mafia de los pagarés.

Esta había sido suspendida el 18 de diciembre pasado por lo que el 18 de enero, se cumplieron los 30 días. Con ello, solicitó el levantamiento de la medida cautelar al pleno, que fue concedida por los ministros.

El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, aclaró que los 30 días era la sanción máxima que podía dictar el Máximo Tribunal, por faltas gravísimas, y que otro tipo de sanciones ya es potestad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Por su parte, la ministra Carolina Llanes aclaró que lo que se levantaba era la medida cautelar, ya que la sanción vendría al concluir el sumario, si es que se comprobaban los hechos en la investigación que se ordenó en el caso.

No obstante, aún si se comprueban los hechos, ya no podría ser suspendida nuevamente por la Corte, ya que se cumplieron los 30 días con la medida cautelar.

Similar situación tiene la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, quien en la sesión anterior del pleno de la Corte se había levantado la medida cautelar.

La Fiscalía, por su parte, ya tiene abierta una causa con respecto a las irregularidades halladas en la auditoría ordenada por el pleno de la Corte respecto a los juicios ejecutivos.

Más contenido de esta sección
Departamento Contra el Cybercrimen advierte que, aunque en nuestro país existen garantías jurídicas para la protección, los datos pueden ser robados mediante aplicaciones fraudulentas de los celulares.
Según Kattya González, son mil cosas y causas que pudieron estar realmente en la “mesa de negociación” de la Corte con el presidente de la República. Esta fue “una reunión oscura y secreta”, cuestionó.
La fiscala Mirtha Arévalos advirtió que las pruebas indican que la muerte de Thirza Belén Portillo, de 9 años, ocurrida en el 2021, en realidad fue un homicidio por dolo eventual y no un homicidio culposo. En la causa están juzgados la odontóloga Sandra Obertino y otros dos coprocesados, quienes deben prepararse ante un cambio de calificación, y a una pena mayor.