@Raulramirezpy
La doctora Zully Rolón, ex ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dice que el caso A Ultranza fue un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Alega que, al llegar a la institución en el 2018, Paraguay era un país visagra altamente funcional a redes criminales.
– El caso A Ultranza fue en su administración, ¿cómo evalúa su impacto?
–Si bien es cierto las investigaciones estaban a cargo de la Senad, el director de la causa era el Ministerio Público y el juez de Crimen Organizado. Destaco la gran colaboración de la cooperación internacional como Europol, la Policía Uruguaya y, fundamentalmente, la DEA a través de su unidad SIU. Las investigaciones que culminaron en A Ultranza Py iniciaron en el 2019, concluyendo el 22 de febrero de 2022. Fue un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Paraguay. Inicialmente, se puede decir que fue significativo por el golpe estructural a redes criminales, considerando que se identificaron y desarticularon esquemas complejos vinculados al tráfico internacional de cocaína hacia Europa, con una gran afectación económica contra el grupo criminal por las incautaciones millonarias que se realizaron. En cuanto al impacto político y judicial, este operativo generó causas penales comple-jas, con desafíos probatorios en delitos de crimen organizado y lavado y, por sobre todo, instaló el debate sobre la necesidad de reformas en inteligencia financiera, control portuario, aéreo. También tuvo efectos en la agenda política, al evidenciar la falta de recursos materiales, humanos y tecnología y por desnudar vínculos entre élites económicas, políticas y estructuras criminales. A modo de síntesis, se puede decir que A Ultranza no fue solo un operativo, sino un evento revelador del modelo de criminalidad organizada en Paraguay. Su principal valor no radica únicamente en los resultados que está teniendo la Fiscalía o el Poder Judicial, sino en haber expuesto la estructura, la convergencia entre economía legal e ilegal, lo que obliga a repensar políticas públicas más integrales y la gran necesidad de dotar de recursos a los agentes encargados de esta lucha.
– ¿Es cierto que en su administración hubo filtraciones desde la Senad a Se-bastián Marset?
–No quiero referirme exhaustivamente porque es un caso abierto y en manos de Fisca-lía, pero brevemente digo que existen dos momentos interesantes y que supuestamente pudo haber sido en la Senad. Es así que en el marco de las investigaciones dentro de los procedimientos especiales a cargo de los agentes de SIU, autorizadas judicialmente, quedó registrada una conversación en la cual se alertaba sobre la probable presencia de agentes y, luego, a partir de las comunicaciones encriptadas de miembros de la organización criminal a las cuales accedieron los agentes a nivel de inteligencia desde la DEA (Drug Enforcement Administration) y la Europol. En esas conversaciones se menciona a un jefe de Senad sin nombrarlo. El SIU, en conocimiento, me informa por Memo el 15 de diciembre de 2021. Envío a asuntos internos para averiguaciones y se espera operativizar A Ultranza el 22 de febrero de 2022. El 23 de abril de 2022, se remite el evento como informe de inteligencia para su investigación al fiscal y este envía a la UDEA para investigar.
– ¿Qué piensa de la caída de Sebastián Marset?
–Su captura no significa el final de la lucha contra el narcotráfico, pero sí simboliza algo importante, que los procesos iniciados con convicción pueden encontrar justicia en el tiempo. El capítulo que comenzó con A Ultranza Py hoy encuentra un cierre significativo con su captura y creo será una satisfacción para esos valientes jueces que estuvieron en el tema; los increíbles e íntegros fiscales a cargo y la gran calidad técnica de los agentes de SIU/Senad/DEA. Pero, hasta ahora, lo que se ha visto es desarticulación parcial de su red logística y financiera, pérdida de protección en ciertos territorios, que aprovecho para decir ¡muy bien Bolivia! Con esto se logró mayor visibilidad internacional y presión coordinada de los países. Hoy tenemos a EEUU interesado en el crimen organizado en nuestra región, lo cual es un gran paso. Sebastián Marset no es el problema en sí mismo, sino que fue el síntoma más visible de un modelo criminal consolidado en la región, no solo en Paraguay. Esto va seguir si es que no se mejora y controlan los sistemas financieros, logísticos (puertos/hidrovía), y la infiltración institucional, o casos como el suyo seguirán repitiéndose. Pero hay que tener en cuenta que la organización criminal muestra notables signos de adaptación y dispersión, típico de redes transnacionales y, a mí, que me gusta estudiar estos fenómenos, en términos criminológicos, me arriesgo a decir y, seguramente me van a criticar o tratar de narco, que esto, o sea su captura, no es la caída total, sino un desplazamiento operativo buscando reorganizarse.
–¿Fue amenazada por el grupo que lideraba? ¿El actual ministro Rachid le sacó la custodia?
–Fui y sigo siendo blanco de amenazas, de manipulaciones producto de la cámara de eco, donde se construyen narrativas infundadas dirigidas hacia mi persona, poniendo un blanco en mi espalda y, por supuesto, en riesgo mi integridad física, pero es parte del juego por llamarlo de alguna manera. Cuando acepté el cargo sabía que venían estas cosas. No niego que tengo miedo, pero tampoco me arrepiento del trabajo que se hizo.
– ¿La organización de Marset sigue operando?
–Eso hay que preguntarle al actual ministro porque seguramente está trabajando en el tema, material para seguir tiene mucho.
– El actual ministro dice que Paraguay fue hub logístico para la organización criminal de Marset, ¿es cierto?
–No estoy acostumbrada a hablar de administraciones pasadas, pero te puedo decir que cuando llegamos a Senad en el 2018, Paraguay era un país bisagra altamente funcional para las redes criminales. Era un Estado vulnerable en sectores claves, con capacidades institucionales en desarrollo para enfrentarlas de forma estructural. Senad tenía a sus agentes sin una ley por la cual regirse. Financieramente, el mayor salario de un agente era de G. 3 millones y medio. Con la ley, eso cambió radicalmente y estimo que ahora estarán percibiendo lo que les corresponde a cada jerarquía que es un gran avance. Tenía menos de 200 agentes para todo el país, sin radar, sin escáner, sin vinculaciones con ninguna entidad pública como Aduanas con el sistema SOFIA, con la Policía Nacional a la que teníamos que rogar por prontuarios, con Migraciones para entradas y salidas, etc., nada; la fuerte presencia del PCC, y las disputas en zonas como Amambay y Alto Paraná, y pregunto: ¿Qué se podía hacer en esas condiciones? Solo empezar a trabajar, pero aparece la pandemia y se retrasaron muchos proyectos. No nos engañemos, antes del 2018, Paraguay ya cumplía el rol regional de nodo logístico en expansión, se consolidaba como país de tránsito de cocaína (principalmente desde Bolivia y Perú), con el uso cada vez mas creciente de la Hidrovía Paraguay–Paraná y las rutas terrestres hacia Brasil. Lo dicen los informes de Unodc. Pero se avanzó y te cuento que todos los casos de envío de cocaína a Europa fueron totalmente resueltos y sus líderes están siendo investigados por la Fiscalía, como el propio Marset y Benítez, que envió el producto en latas de pintura. No quedó ninguno por resolver. El problema de Paraguay no es la ausencia de acción, sino la fragmentación de las instituciones frente a este fenómeno. No trabajamos juntos. No se continúan los procesos. Lo bueno o lo malo se desecha y se empieza de nuevo con cada administración y creo que es un punto por mejorar, es mi humilde opinión.
- Marset no es el problema en sí mismo, sino que fue el síntoma más visible de un modelo criminal consolidado en la región.
- Fui y sigo siendo blanco de amenazas, de manipulaciones producto de la cámara de eco, con narrativas infundadas.
Zully Rolón
Doctora en Derecho Público. Abogada, escribana y licenciada en Ciencias Contables y Ciencias Políticas. Magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, diplomados en liderazgo y gestión pública por la George Washington University y ESIC–ALEPH (Madrid). Entre 2021 y 2023 fue ministra de la Senad, presidenta de CICAD–OEA.
