EFE
Fue a finales de mayo de 2015 cuando la Corte de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York solicitó el arresto provisional de Leoz con fines de extradición por un cargo de “conspiración para acordar intencionalmente, conducir o participar en actividades de crimen organizado relacionado con fraude de fondo”
Y este miércoles hace un año que Leoz se encuentra en arresto domiciliario “tranquilo y con su familia”, según explicó a Efe su abogado, Ricardo Preda.
Esa reclusión, en su residencia de Asunción y custodiado 24 horas por la Policía, solo se ha visto alterada por algunas visitas regulares a un centro médico privado debido a su delicado estado de salud.
Además de estar acusado de corrupción y sobornos, Leoz también lo está de “conspiración para concebir un plan o proyecto para estafar usando medios de comunicación”.
Otro de los cargos que se le imputan es el de “dirigir o intentar dirigir una transacción final que envuelve las ganancias de una actividad ilícita”.
De acuerdo con su abogado, “es imposible de predecir” cuánto falta todavía para que finalice el proceso judicial en Paraguay hacia esa extradición, que ahora está en el trámite de presentación de argumentos por ambas partes.
Según Preda, el proceso tropieza con la “laguna legal” que existe en Paraguay en relación a la extradición de ciudadanos de este país a Estados Unidos.
Ello a pesar de que existen dos tratados bilaterales, uno de 1973 y otro de 1998, que facultan a ambos países a formalizar una petición de detención con fines de extradición.
Por un lado hay un problema de forma, dijo el abogado de Leoz, porque “no hay una ley interna que establezca cuál es el procedimiento (de extradición)”, aunque el juez está capacitado a establecerlo.
Por otro existe el problema de fondo que rodea el caso desde el principio: Leoz está acusado de “soborno privado”, acto del cual derivan el resto de cargos y estipulado como delito en la legislación estadounidense, pero una práctica no penada en el país sudamericano.
De esa manera, y según la legislación internacional, para que una extradición sea posible debe de haberse cometido el mismo delito tanto en el país de procedencia como en el solicitante, por lo que la defensa de Leoz está “más que segura que, judicialmente hablando, no procede”.
“Yo estoy convencido de que demostraremos que los fundamentos que presentamos son irrevocables”, afirmó Preda, que añadió que apelarán hasta la última instancia si es necesario en caso de que se apruebe la extradición.
Durante este año la Fiscalía paraguaya se centró en recopilar documentos, una computadora portátil y varias copias espejo de los equipos informáticos de los departamentos de Tesorería, Presidencia, la parte administrativa, Secretaría General y Finanzas y Archivo de la Conmebol.
Toda esa documentación fue entregada a la Justicia estadounidense para que continúe con la investigación sobre la corrupción en el máximo organismo del fútbol mundial.
Leoz estuvo 26 años al frente de la Conmebol hasta una sorpresiva dimisión en abril de 2013, que abrió la puerta de la presidencia al uruguayo Eugenio Figueredo, luego nombrado vicepresidente de la FIFA y también implicado en el ‘FIFAgate’.
Durante la presidencia de Leoz se levantó el moderno edificio de la Conmebol, en el Gran Asunción, al que consiguió blindar con una inmunidad que dotaba de rango diplomático a esa sede, que tras el escándalo de corrupción fue revocado por el Congreso paraguayo.
La renuncia de Leoz se produjo cuando estaba siendo investigado por un supuesto soborno de USD 20 millones para apoyar la candidatura de Catar como sede del Mundial de 2022.
