Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, informó a través de su cuenta oficial en X que dispuso el cese inmediato del comisionamiento de Anadelia Acosta Armoa a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales.
Se trata de la funcionaria que estaría implicada en el esquema por el cual se habrían apropiado de una millonaria indemnización que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destinó para dos familias de escasos recursos, que en agosto pasado perdieron a sus seres queridos en un accidente laboral.
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Asimismo, la puso a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos y ordenó a la Dirección General de Asesoría la apertura de investigación.
1Según su Declaración Jurada de Bienes, Acosta Armoa se desempeña como asesora y percibe una remuneración mensual de G. 5.500.000.
Tras las denuncias dadas a conocer a través de los medios de difusión masiva con respecto a la funcionaria Anadelia Acosta, he dispuesto el inmediato cese del comisionamiento, su puesta a disposición de recursos humanos y el inicio de una investigación. pic.twitter.com/7TUsV6VO9f
— Raul Latorre (@raulatorre) October 7, 2024
Fiscalía investiga presunta apropiación
El monto del resarcimiento era de G. 800 millones para cada familia, divididos en dos cheques intransferibles de G. 400 millones.
La ANDE cedió este dinero por los fallecimientos de Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43 años, quienes sufrieron una descarga eléctrica al caerles encima un cable de baja tensión.
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El accidente laboral se registró el pasado mes de agosto, cuando realizaban trabajos de alambrado en un inmueble rural del barrio Santa Librada, ex Jaguakai, distrito de Caaguazú.
Sin embargo, las familias de los fallecidos solo recibieron en forma conjunta un total de G. 75 millones.
De acuerdo con la investigación, ocho personas estarían detrás del esquema, entre ellas Armoa Acosta, el director y un cajero de la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Repatriación, Caaguazú, donde se hicieron los desembolsos irregulares.
Las víctimas son Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino Ramírez Casco (fallecido), quien recibió G. 30 millones; y Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera (la otra víctima), a quien se le entregaron G. 45 millones.
