11 feb. 2025

Las mujeres y el derecho a una vivienda adecuada en Paraguay

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Ana Rojas Viñales,economista - Dra. en Ciencia Política.

En Paraguay, el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 100: “todos los habitantes tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados”.

Este derecho también está reconocido como parte del derecho a la propiedad, individual y colectivo, y del derecho a un nivel de vida adecuado en los artículos 17 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Y, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoce en el artículo 11 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y viviendas adecuadas (…).

Lo fundamental del cumplimiento del derecho a la vivienda es que contiene otros derechos como la seguridad de la tenencia, la restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio, el acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada y la participación en la adopción de decisiones relativas a la vivienda (Naciones Unidas, sf).

Específicamente, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) es la entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada de las políticas habitacionales, urbanísticas y del hábitat en Paraguay, así como sus programas, proyectos, planes y actividades (Presidencia de la República Nacional, 2018). En tanto que la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat (PNVH) tiene la finalidad de promover las condiciones sociales e institucionales para acceder a una vivienda en un ambiente adecuado. Esta Política tiene el propósito de generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes del país, al tiempo de contribuir a la superación de la pobreza y la exclusión social, haciendo efectivo el cumplimiento de derechos y el ejercicio efectivo de la ciudadanía (SENAVITAT, 2018).

La tenencia, la jefatura y la pobreza. La tenencia se considera como titularidad, específicamente como el conjunto de relaciones con respecto a la vivienda y la tierra, establecidas a través del derecho, que permiten que las personas vivan con seguridad, paz y dignidad. La tenencia de la vivienda tiene impacto en la estabilidad y la autonomía de las personas, influye positivamente en la salud física y mental de la familia, es un importante activo o recurso básico de las personas en condición de pobreza y posibilita la acumulación de activos (Arriagada Luco, 2003).

Según el Instituto Nacional de Estadística, la población paraguaya estimada en el año 2022, fue de 7.307.625 personas, de las cuales el 50,3% son varones y 49,7% son mujeres y, entre los años 2015 y 2022, la población en condición de pobreza en el país disminuyó 1,8 puntos porcentuales, en tanto que la pobreza extrema aumentó 0,2 puntos porcentuales (INE, 2022).

La jefatura de hogar es asumida por la persona que es reconocida como tal por los demás miembros del hogar y que cuenta con cierta independencia en la toma de decisiones y es el principal aportante económico. Relacionando todo esto con la tenencia de la vivienda en Paraguay, es importante conceptualizar que “una vivienda particular es aquella que está construida o destinada para albergar a uno o más hogares particulares; en tanto que un hogar está compuesto por una persona sola o grupo de personas que sean parientes o no que residan habitualmente en una vivienda particular (…) y que comparten una olla común” (INE, 2017).

En nuestro país, al analizar la jefatura, el 36,8% de los hogares está encabezado por mujeres y el 63,2% encabezado por hombres. Según el INE, en los últimos 20 años (2002-2022), los hogares encabezados por mujeres aumentaron 11,2 puntos porcentuales, pasando del 25,6% al 36,8%. Otro aspecto interesante al analizar la jefatura de hogar es el nivel de pobreza, mientras que en el 2002, el 47,6% de los hogares encabezados por mujeres estaba en condición de pobreza, en el 2022 había disminuido a solo el 22,5%, lo cual representa una disminución de 25,1 puntos porcentuales. En el caso de los hogares encabezados por varones, la pobreza disminuyó de 48,8% a 19% (29,7 puntos porcentuales entre 2002 y 2022) (EPHC 2002, 2012, 2022).

La gran mayoría de los hogares encabezados por mujeres son de tipo monoparentales y extensos (donde además de la madre y los/as hijos/as, también residen otros/as familiares, como los/as abuelos/as, tíos/as, sobrinos/as, etc.). La feminización de la pobreza es un fenómeno que expone que no solo hay más mujeres en condición de pobreza, sino que ellas se enfrentan a situaciones más intensas y diferentes.

El acceso a financiamiento y la autonomía. En la actualidad, la oferta de financiamiento para la vivienda se da con recursos públicos, privados y la cooperación internacional. Las instituciones bancarias y financieras ofrecen créditos con recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con recursos propios y otras fuentes; tanto a sola firma y como con garantía hipotecaria, especialmente para poblaciones con ingresos medios .

Si bien es cierto que entre los requisitos para acceder a esta oferta de financiamiento, en general, está disponible tanto para todos, el PNVH enfatiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por lo que es un mecanismo para la seguridad y la estabilidad de las familias.

Entonces, una forma de contribuir al empoderamiento y la autonomía en Paraguay es el acceso al financiamiento para la vivienda. Según datos del MUVH, AFD y Banco Nacional de Fomento (BNF), en 2022, alrededor del 40% de estos créditos está destinado a mujeres, lo cual representa un gran desafío para aumentar el cumplimiento del derecho a la vivienda para todos y todas.

Las instituciones privadas y la cooperación internacional también son actores importantes en el acceso a la vivienda, tanto en lo que respecta al financiamiento, como así también en la provisión de soluciones habitacionales, infraestructura, servicios básicos y asistencia técnica como parte de la mejora de la calidad de vida.

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