El pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aún no presentado ante la Cámara de Diputados, gira en torno a nueve acusaciones por mal desempeño de funciones.
La primera es por la fallida obra del Metrobús. Se argumenta la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices, en el marco de sendas denuncias de presuntos hechos punibles, que incluyen daño patrimonial al presupuesto público por la obra inconclusa. La segunda se refiere a una deliberada inacción de la Fiscalía en el caso Messer, amigo personal del ex presidente Horacio Cartes, quien tiene condena en Brasil por lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato. La tercera acusación guarda relación con Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, señalado por medios brasileños como socio de Horacio Cartes en el esquema de inundar el mercado del vecino país con cigarrillos fabricados en Paraguay.
La cuarta acusación es sobre la denuncia hecha por el ahora ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, respecto a un esquema de lavado de activos, contrabando y asociación criminal contra Horacio Cartes. La quinta se sustenta en una supuesta parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía en procesos similares, como los que involucraron al ex senador Óscar González Daher; la sexta tiene que ver con el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, registrado en la madrugada del 1 de abril, en el interior de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por parte de policías, tras la quema de una parte del Congreso en la noche del 31 de marzo, luego de un intento fallido de reelección a favor de Cartes y Lugo.
La séptima acusación se basa en una supuesta ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público; la octava es por una supuesta impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones, como en la Municipalidad de Asunción por el caso de los detergentes de oro, que afecta al actual intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, como también en las compras realizadas por las gobernaciones de Central, Canindeyú y Caazapá durante la pandemia. Finalmente, la novena acusación es por inacción o negligencia en varios casos, uno de ellos por lesión de confianza de unos G. 17.000 millones contra el ex presidente de la Essap Omar Ludovico Sarubbi, y otros 34 funcionarios.
La presentación de la acusación contra la fiscala ante Diputados está en las manos del sector cartista y de sus aliados liberales liderados por Blas Llano, sin embargo, la decisión no depende de argumentos o pruebas, o de si efectivamente Sandra Quiñónez apañó hechos de corrupción y favoreció al ex presidente Horacio Cartes.
El juego político de hoy, atizado por las internas de la ANR, ubica a la institucionalidad del país en un segundo lugar, socava la democracia y, sobre todo, deja a las miles de víctimas de injusticias en una situación de orfandad en un país en donde solo importa proteger a los amigos.
Es inadmisible que en el Paraguay de este siglo XXI, las internas de un partido determinen el rumbo de una Justicia que debería ser independiente pero, sobre todo, que debería ser justa para todos los paraguayos por igual.