Sin embargo, esta institución se rige por un tratado que está por encima de cualquier decreto presidencial; por lo tanto, que Paraguay acepte esa normativa argentina constituye una pérdida de soberanía intolerable.
El referido decreto argentino faculta al organismo responsable del vecino país a suscribir un acuerdo entre la EBY, la ANDE y el Estado argentino basado en la no ratificada Nota Reversal de 1992.
Con esta medida se pretende cobrar una deuda ilegal de 4.000 millones de dólares aceptada por el acuerdo Cartes-Macri, en 2017. Tal deuda, al cumplirse 40 años de vigencia del Tratado había quedado cancelada.
El Tratado establece que el Consejo de Administración de Yacyretá fijará la tarifa y que deberá ser igual, cada año, al costo del servicio, por lo que no se puede establecer a través de una normativa nacional y unilateral que buscó dar poder a un acuerdo anexo establecido entre Cartes y Macri.
Ante esta situación, los partidos políticos de oposición emitieron un comunicado en el que denunciaron que el Decreto 303/2025 que aprueba una nueva tarifa de la EBY viola el Tratado. Paralelamente, diversas voces técnicas se manifestaron también en contra.
Finalmente, gracias a las negociaciones, ambos gobiernos firmaron un Acuerdo Operativo, a través del cual Paraguay pasa a percibir USD 28 por megavatio/hora, un avance que fortalece la equidad en la distribución de los beneficios energéticos entre ambos países.
Este acuerdo es un paso clave hacia una gestión energética moderna, equitativa y sostenible, según el gobierno.
Tal como está redactado, Paraguay rechaza los términos de la Nota Reversal del año 1992 al reconocer que el aspecto tarifario no está resuelto hasta tanto se tengan documentos ratificados en ambos países.
El acuerdo proporciona cierta previsibilidad de criterios generales hasta el 2029, en términos de condiciones de comercialización de la energía, además de generar condiciones para un aumento del financiamiento de obras de mantenimiento, del Plan de Rehabilitación de las Unidades Generadoras y de la terminación de las obras de Aña Cuá”.
No obstante, el documento tiene críticas según algunos técnicos. En primer lugar omite temas considerados claves para el Paraguay, como por ejemplo la mención al precio de mercado de la energía. Tampoco se menciona la reposición del ferrocarril Carlos Antonio López, cuyas vías quedaron bajo agua por el embalse; ni tampoco se hace alusión a la deuda de la EBY, que ya debía estar saldada en 2014.
Otras preocupaciones radican en el límite de 425 MW +-10% que podrá retirar la ANDE de Yacyretá tras la firma del acuerdo, lo cual implica retirar menos que el 50% que le corresponde, limitando las oportunidades de Paraguay.
El desacuerdo ante medidas unilaterales tomadas por Argentina produjo una presión política en Paraguay y exigió a nuestro gobierno ejercer su soberanía. Al final de tantas idas y vueltas, finalmente se lograron mejores términos frente a un escenario inicial negativo para Paraguay. Los buenos resultados de ambas represas hidroeléctricas llegan de manera directa a los hogares de las familias paraguayas, tanto por los precios de la energía como por la calidad, por lo tanto las negociaciones con respecto a los términos de las normativas no son solo una cuestión de soberanía, sino también de calidad de vida.
