En medio del debate respecto a la transparencia de los encuentros del presidente de la República, Santiago Peña, en particular de una reunión secreta a principios de este mes con 6 de los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ayer el mandatario acudió públicamente al Palacio de Justicia para firmar la promulgación de la nueva Ley de Arbitraje, que otorga participación al Poder Ejecutivo en pleitos.
Peña rubricó el decreto que pone en vigencia la Ley N° 7561/2025 de Arbitraje que fue aprobada este año por el Congreso Nacional, donde algunos opositores expresaron críticas respecto a una posible intromisión del Ejecutivo en el campo que correspondía en exclusividad al Poder Judicial.
Acompañó a Peña en el acto su asesor jurídico Roberto Moreno, y de parte de la máxima instancia judicial estuvieron los ministros César M. Diesel Junghanns (presidente); la vicepresidenta primera, Carolina Llanes Ocampos; y los ministros Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander Dans. De manera telemática participó el vicepresidente segundo de la Corte, César Garay Zuccolillo; mientras que el ministro Alberto Martínez Simón se ausentó debido a que se encuentra de viaje.
complemento. Según explicó Moreno a los medios, luego del acto, la nueva ley no reemplaza al Poder Judicial, sino que actúa como un aliado estratégico para resolver disputas de manera más rápida y eficiente, contribuyendo a descomprimir la carga judicial.
“Concretamente, hoy tengo que decir con mucha alegría y satisfacción que el presidente de la República en el Poder Judicial promulgó la nueva Ley de Arbitraje Nº 7561. Esta ley fue fruto de un trabajo en conjunto”, manifestó Moreno, al tiempo de resaltar que lo acompañaron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Ricardo Santos, y los jóvenes y miembros del Consejo Ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay.
“Paraguay tiene a partir de hoy una de las leyes más modernas del mundo en materia de arbitraje puesto que hace pocos días tuvimos nuestra segunda certificación de grado de inversión”, afirmó Moreno, al subrayar que la actualización del marco legal acompaña el nuevo escenario económico del país, recientemente fortalecido con la obtención del grado de inversión.
Mencionó que el decreto fue firmado de manera simbólica en el Poder Judicial, ya que el artículo 248 de la Constitución establece que dicho poder tiene a su cargo la resolución de los litigios y de las cuestiones contenciosas.
No obstante, ese mismo artículo prevé como excepción el arbitraje, al que reconoce como una alternativa a la jurisdicción ordinaria.
En ese sentido, destacó que el arbitraje es “un socio del Poder Judicial en un emprendimiento común: otorgar soluciones lo más rápidas y eficientes posibles a la ciudadanía”.
El asesor jurídico presidencial sostuvo que el país “está jugando en las primeras ligas”, lo que implica mayores exigencias en materia de seguridad jurídica.
“Los grandes inversores, las grandes empresas y las grandes corporaciones están mirando al Paraguay para venir a invertir, y eso requiere un marco jurídico seguro y de avanzada. En esa línea es que hemos venido trabajando durante dos años en este proyecto de ley, que hoy, afortunadamente, ha visto la luz”, remarcó.
RUN. Por otro lado, Roberto Moreno comunicó que desde el 15 de enero entra a regir la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), el cual es un proyecto conjunto que surgió justamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
“Va a significar un enorme paso para el derecho paraguayo y para la comunidad paraguaya en general”, expresó respecto al nuevo sistema de registro de propiedades.
