El país vive las últimas semanas del año y acumula deplorables y preocupantes estadísticas. Entre ellas sobresale un muy triste y vergonzoso récord: 33 mujeres fueron muertas como consecuencia de la violencia feminicida.
El feminicidio, reconocido en nuestra legislación, representa la forma más extrema de violencia contra las mujeres, y es la manifestación más evidente del fenómeno de la violencia y brutalidad aceptadas culturalmente, arraigadas durante siglos de discriminación y desigualdad.
Paraguay ha tenido algunos avances sin lugar a dudas, especialmente en cuanto a la legislación y en cuanto a que dispone de instituciones encargadas de específicamente de velar por los derechos de las mujeres y las niñas. No obstante, ni leyes ni instituciones están logrando poner un freno a los actos de violencia que este año ya se ha cobrado 33 vidas y dejado más de una decena de huérfanos. Esta vergonzosa cifra representa el doble de los casos que se registraron en el 2020.
La Ley 5777 “De protección integral de la mujeres contra toda forma de violencia”, tiene por finalidad, promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y establece que la violencia feminicida es la que conduce a la muerte o infringe daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, solamente por su condición de mujer.
La ley establece penas de cárcel de 10 a 30 años para los feminicidas, sin embargo y a pesar de la pena elevada que tiene este crimen, se siguen produciendo por todo el país. Esto implica que, aun contando con una herramienta legal y con instituciones, no es suficientemente.
El Estado paraguayo no puede permitir que sigan muriendo mujeres víctimas de la violencia machista. Es urgente que se hagan nuevos esfuerzos y un compromiso genuino por parte de los funcionarios públicos que trabajan en los ministerios y en la Policía, la Fiscalía y los hospitales. Todas las personas involucradas deben estar adecuadamente capacitadas para saber manejar el delicado tema de la violencia, pero sobre todo, deben ser más eficientes para poner en marcha los protocolos de protección de las mujeres que se encuentren en peligro.
El último fin de semana fue probablemente el más trágico del año, se registraron cinco casos de feminicidios en el país: tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas en San Pedro, una en Canindeyú y otra en Alto Paraná. De acuerdo con los datos del Ministerio de la Mujer, en lo que va del año se constataron 33 casos de feminicidios.
Esta información no es solamente un llamado de atención para las autoridades. Es un urgente pedido de auxilio que debe llegar a toda la sociedad. Es necesario que la ciudadanía se involucre y comprometa para llegar a tiempo y evitar más muertes; y que entienda que no existe ninguna excusa que justifique ele ejercicio de la violencia contra mujeres y niñas.
Para garantizar que las mujeres puedan vivir una vida sin violencia se debe garantizar primero que vivan en condición de igualdad, y se debe aceptar además que solo a través de la Educación se podrán superar los siglos de condicionamientos culturales que fundamentan la discriminación y la violencia.
