Y digo que debe ser preocupación no solo de la Corte, sino de todos los paraguayos, porque los abogados son los que defienden los intereses de los ciudadanos, pero son también de donde salen los jueces, fiscales y defensores que están en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Defensa Pública.
Y esto es más que patente cuando en estos momentos hay una renuncia masiva de más de 150 magistrados, fiscales y defensores públicos, todos previendo el cambio de la ley jubilatoria. Con ello, más que nunca se necesitarán unos 450 abogados como mínimo para ser ternados de modo a reemplazarlos.
Además, a esto se suma que, por el momento político, donde el Partido Colorado tiene total mayoría en ambas Cámaras del Congreso, y en todos los poderes del Estado, es evidente que esta elección de ternas para jueces, fiscales y defensores públicos tendrá un alto componente de afiliados de esa agrupación.
De ahí que la preparación de nuestros abogados es sumamente importante, no solo para litigar en Tribunales, sino para los jueces, fiscales y defensores, que son los que juzgan, investigan y acusan, a más de defender a los procesados en las distintas causas penales y en los demás fueros.
Aunque hay que decir que el nivel de preparación no es solo en la profesión de abogado, sino en todas en general, debido a muchos factores, creo que uno de los principales es la falta de lectura que tenemos, lo que deriva en la poca comprensión y la ausencia de pensamiento crítico, un mal de toda nuestra educación.
Ahora bien, volviendo al tema de la poca preparación de los profesionales, esto se da también por la proliferación de universidades con nulo control estatal que expiden títulos para cualquier profesión, pero en mayor medida para la abogacía.
De ahí que vayan también apareciendo los famosos títulos mau, que ahora son objeto de investigación por la Corte, lo que será derivado luego al Ministerio Público.
La cuestión es que, a la fecha, son unos 60.000 abogados matriculados, los que, como dice el ministro, solo deben presentar el título de abogado expedido por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado, mayoría de edad, “honorabilidad y buena conducta debidamente justificadas”.
Ante esto, se impone modificar los requisitos para ejercer la abogacía, como lo hacen otros países, como lo quieren los ministros, que pretenden tomar exámenes a los que quieran jurar como profesionales del Derecho.
La pelea está en quién tomará los exámenes, ya que los abogados hace rato pretenden crear la colegiatura obligatoria, con lo que serían ellos los que expedirán las matrículas. A la fecha, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene el control de la profesión, por lo que son los que habilitan para litigar en los Tribunales.
Es cierto que se nota en muchos casos que el nivel de los abogados es muy bajo, lo que según el ministro hace que se “litigue mal” y “entorpezcan el juicio”, pero no son los únicos responsables de la mora judicial.
En varias ocasiones, en realidad, el proceso se traba adrede por los abogados, jueces y fiscales. Y hay que englobarlos, porque si bien hay abogados chicaneros, también los hay fiscales, además de jueces que dejan dormir los expedientes, lo que retrasa en demasía los juicios.
No creo que los exámenes sean una mágica solución, aunque si son realizados correctamente y sin corrupción, hará que los mejores ejerzan. Pero lo que se debería hacer es mejorar la educación impartida y los sistemas de control de las universidades, para que no expidan títulos sin que se cumplan los requisitos.
