El diputado liberal Adrián Billy Vaesken expresó a la Radio Chaco Boreal 1330 AM que con la reforma policial, la Policía Nacional tendrá facultades de persecución penal que corresponde al Ministerio Público. El Poder Ejecutivo promulgó este miércoles la ley de reforma.
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“Entendemos que la Policía Nacional debe robustecer su carta orgánica, se le tiene que dar mayor poder, pero la Constitución Nacional es sabia y madre de todas las leyes. Una ley no puede estar sobre encima de la Constitución Nacional, el organismo de persecución penal es el Ministerio Público y su brazo ejecutor es la Policía Nacional”, recalcó.
Asimismo, expresó que la Policía Nacional es un órgano no deliberante y todas las investigaciones deben hacerse a iniciativa del Ministerio Público o la supervisión del Poder Judicial. “Esto pasa por encima del Poder Judicial, del Ministerio Público”, recalcó.
Para el diputado, con la reforma la Policía Nacional podría reprimir a un manifestante, catearlo, seguirlo hasta su casa e incluso ingresar a la vivienda sin orden judicial.
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“La gente no sabe lo que están haciendo esta gente del Gobierno. Es un Gobierno fascista, están centralizando, copando todos los organismos extrapoderes; ahora este tema de la Policía Nacional. Están siguiendo un libreto fascista para tener hegemonía dentro del poder”, remarcó.
El legislador aseveró que la potestad de investigar corresponde al Ministerio Público y que estas atrocidades ya se vivieron en el pasado.
“Con la reforma policial volvería la Ley 209 de la época stronista, donde la Policía era dueña de la calle”, dijo el diputado.
El parlamentario ya había advertido cuando se trató la ley que la reforma colisiona con el artículo 175 de la Constitución Nacional con respecto a las funciones de la Policía Nacional, donde se establece que es una institución no deliberante.
“O sea el Ministerio del Interior o el presidente le va a decir ‘puede investigarle a Juan Pérez y eso ya va tener validez jurídica”, aseguró.
Pastor Coronel fue el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional durante gran parte de la dictadura del general Alfredo Stroessner, siendo condenado a 25 años de prisión por varios casos de tortura y asesinatos de presos políticos tras el golpe de 1989. Murió en prisión en el año 2000 a causa de numerosas complicaciones y enfermedades.
Como jefe de Investigaciones se encargó de modernizar la estructura represiva, incluyendo un sistema de archivos, fichas y datos de inteligencia de sindicatos, centros de estudiantes, gremios y movimientos políticos. En dicha dependencia se llevaron a cabo torturas y hasta ejecuciones de compatriotas.
