Tanto la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público como el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional fueron claves para confirmar que las centenares de notificaciones consignadas en cinco juzgados de Paz de Asunción nunca se realizaron.
Estos informaron que “dichas notificaciones no fueron diligenciadas por los ujieres notificadores... Se pudo verificar que en algunos casos los mismos presentan misma fecha, mismo horario y lugares muy distantes unos de otros”, según la acusación del Ministerio Público.
La Fiscalía reveló que en cinco juzgados de Paz de Asunción se dictaron 722 resoluciones en juicios ejecutivos, perjudicando a las víctimas, ya que en ninguno de los casos se hicieron las notificaciones y estas no se enteraron de las demandas.
La Dirección Contra Hechos Punibles y Económicos y Financieros y el Departamento de Cibercrimen de la Policía hicieron el rastreo de los recorridos que consignaron los ujieres de que fueron a notificar. Revelaron la imposibilidad de las señaladas notificaciones, ya que en varios casos coincidían hora en ciudades distantes.
CIENCUENTA EN UN DÍA. Según la acusación, uno de los ujieres, Osvaldo Insfrán, del Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, informó falsamente que sí notificó a cincuenta deudores en un solo día.
El 29 de agosto del 2024 se habría ido a quince diferentes ciudades, como Capiatá, San Lorenzo, Areguá, Asunción, Luque, Itauguá, Guarambaré, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Ñemby, Villeta, Limpio, Villa Hayes, Minga Guazú.
Sin embargo, en ninguno de los casos puso el horario, un requisito esencial en las cédulas de notificación.
Los fiscales mencionaron que “esta falta de consignación del horario de diligenciamiento ya es motivo suficiente para alertar, no solo a un abogado de la matrícula diligente, sino también al actuario”.
En otro de los casos de notificaciones voladoras, el ujier notificador Nicolás Antunez dijo estar el 5 de setiembre del 2024, entre las 11:40 y 18:00 haciendo 39 notificaciones.
Supuestamente pasó ese día por las ciudades de Mariano Roque Alonso, Loreto (Concepción), Paraguarí, Caacupé, San Bernardino, Itacurubí de la Cordillera, Concepción, Encarnación, Asunción, Ñemby, Cambyretá, Lambaré y San Lorenzo.
1.300 CÉDULAS. En otro Juzgado el de La Encarnación, por ejemplo, ujieres confirmaron que ellos no notificaban, sino que recibían en paquetes o blocks las cédulas de notificaciones ya elaboradas por los abogados demandantes y que ellos solo firmaban.
La empresa Carsa, una de las vinculadas, llegó incluso a entregar una vez 1.300 cédulas de notificaciones, “lo cual debía de entregar lo más rápido posible, en dos a tres días los informes”, según un ujier.
Y esto lo debía supuestamente con la advertencia de la jueza, de que si no cumplía, “quedaba fuera del Juzgado”.
La Fiscalía acusó recientemente a cinco jueces, a funcionarios judiciales y a abogados de veinte empresas de cobranza, que habrían confabulado para conformar esquema para recaudar dinero.
