Se trata de la finca 916, que en total tiene más de 9.000 hectáreas de las cuales 2.680 hectáreas son ocupadas por empresarios agropecuarios de forma irregular.
En la zona se realizó un censo de las poblaciones vulnerables que habitan de forma precaria y se llegó a un acuerdo para trabajar en una alternativa para estos asentamientos, teniendo en cuenta que es un problema largamente postergado y además se constató la presencia de estancias.
De hecho, durante la intervención, el propio procurador general de la República informó que detectaron la existencia de una aparente estancia en la Finca 916. Incluso se estuvieron realizando inspecciones con drones.
En las estancias negaron el ingreso a los trabajadores y tampoco accedieron a participar del registro oficial.
La zona afectada es un sitio donde se hallan asentadas granjas, estancias, instaladas sin autorización, y que cuenta con una declaración de Área Silvestre Protegida.
El procedimiento de constitución es a los efectos de identificar a los ocupantes y proseguir con el proceso judicial. Se dio en el marco de lo que se denomina Diligencias Preparatorias.
Al procurador le preocupa el hecho de que estos ocupantes estarían en zonas protegidas ambientalmente.
“Las premisas de la Constitución son “respetar la ley, exigir un trato igualitario, luchar contra los privilegios y honrar la palabra empeñada”, sostuvo.
Decisión. Días pasados, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala de Capital resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción presentada por la Procuraduría en contra de la pretensión de la Municipalidad de Villa Hayes y con esto se reafirmó los derechos de propiedad del Estado paraguayo.
El fallo destacó que a pesar de que el Municipio alegaba derechos sobre la finca en cuestión, no se cumplieron con los requisitos legales necesarios para que la propiedad fuera transferida al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Bachi en la mira. El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, había impulsado el proyecto de ley para desafectar la finca estatal a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, con la finalidad de entregar títulos onerosos a los actuales ocupantes.
Sin embargo, el presidente Santiago Peña vetó la ley y al Congreso no le quedó otra opción que aceptar este revés.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República entregó sus informes a la Fiscalía y demandó a los ocupantes vips. Desde entonces, se dictaron embargos y la prohibición de hacer modificaciones o mejoras en el inmueble.
El escándalo de las ocupaciones vips en Remansito se desató el año pasado para blanquear a ganaderos y empresarios.
