La paciente estaba entrando en paro y el doctor no quiso parar la intervención, asegura juez

El médico Miguel Ángel Cavallo fue condenado recientemente a 16 años de cárcel por el homicidio doloso de la joven Maylén Romero que ocurrió durante una cirugía, el pasado 30 de diciembre del 2020. Asimismo, se ordenó la prohibición para ejercer la medicina por diez años.

Manuel Aguirre, juez y presidente del Tribunal de Sentencia que llevó adelante este caso, manifestó a Radio Monumental 1080 AM, que el médico no cumplió con ningún procedimiento establecido para el tipo de intervención al que iba a ser sometida la joven, además de constatarse otras irregularidades dentro del sanatorio.

Primeramente, resaltó que la joven iba a ser intervenida para un implante mamario, el cual debe ser realizado por un equipo de profesionales, que va desde el médico cirujano, enfermeros, instrumentistas y hasta un auxiliar, y por sobre todo, la presencia imprescindible de un anestesiólogo, cosa que no ocurrió.

Señaló que el ahora condenado ejercía de anestesiólogo y, al mismo tiempo, de cirujano, incurriendo en una tremenda “irresponsabilidad”, ya que el anestesiólogo debía estar presente para monitorear la cirugía, cuestión que en este caso no se hizo.

Indicó, además, que el médico mintió al Sanatorio Medicis, donde se llevó a cabo la cirugía, argumentando que solo ejecutaría una intervención de párpado, es decir, una operación menor, pero resultó ser una cirugía de elevada complejidad.

Recordó que, según declaraciones del enfermero del sanatorio, este se sorprendió al darse cuenta de qué tipo de intervención se estaba haciendo.

Cuando la paciente empezó con las convulsiones, entrando al paro cardiorrespiratorio, el enfermero solicitó al doctor Cavallo que suspenda la cirugía, pero este continuó asegurando que ya había pasado por algo similar y que todo iba por buen camino.

En un momento dado, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que se llamó a un médico de planta para realizar la reanimación. Cuando fue estabilizada, durante la intubación volvió a entrar en paro, pero fue controlado, por lo que se solicitó su traslado a un Centro de Salud con Terapia Intensiva.

El juez indicó que, supuestamente, el doctor Cavallo solicitó una ambulancia para el traslado de la joven a otro sanatorio, pero la ambulancia que llegó no contaba con los equipos de soporte UTI y el médico tampoco acompañó a la paciencia.

Según los testigos, la ambulancia llegó hasta el Sanatorio San Sebastián, pero no quisieron recibir a la joven, porque no contaba con recursos para abonar, por lo que fue derivada a Emergencias Médicas, donde informaron que no tenían el equipamiento para tratarla.

Posterior a ello, la joven fue derivada nuevamente hasta el Sanatorio San Sebastián, donde el chofer de la ambulancia tuvo que dejar su tarjeta de crédito para que sea admitida, pero diez minutos después, se confirmó su fallecimiento.

Descontrol sanitario

El juez refirió que este caso deja al descubierto el descontrol con el que se realizan algunos procedimientos estéticos. Indicó que no todo lo que brilla es oro y lo barato puede salir más caro. En ese sentido, resaltó que Cavallo cobró por la intervención G. 14 millones, considerando que para este tipo de cirugías se tiene un costo promedio de G. 30 millones.

Resaltó que el ahora sentenciado abarató costos y no contó con el equipo médico necesario. Aclaró, además, que este no sería la primera vez que está involucrado en un problema de negligencia médica.

Cuando el juez fue consultado sobre la responsabilidad del sanatorio y el enfermero, manifestó que el responsable administrativo del nosocomio o el jefe médico debieron intervenir si es que contaban con un manual o un protocolo.

En esa línea, manifestó que el sanatorio tenía la obligación de actuarle un chequeo médico, pero no sabía que sería un implante mamario.

Para finalizar, el juez Manuel Aguirre invitó a la ciudadanía a informarse antes de efectuarse algún tipo de intervención estética, ya sea el procedimiento, qué tipo de anestesia utilizarán o cuantas personas formarán parte de la intervención.

Manifestó que al país le faltan más medidas sanitarias para evitar este tipo de casos e indicó que estamos atrasados en procedimientos legales.

El caso

El fallecimiento de Maylén Romero se registró el 30 de diciembre de 2020, cuando concurrió al Sanatorio Medicis para realizarse una cirugía de implante mamario (mamoplastía).

De acuerdo con la carpeta fiscal, el cirujano llevó adelante el procedimiento que finalizó con la muerte de la mujer, sin contar con el acompañamiento de un anestesiólogo.

Días antes de la intervención quirúrgica, la mujer fue a una consulta previa con el médico Miguel Ángel Cavallo.

El cirujano habría llamado al Sanatorio Medicis para solicitar la reserva de una sala de quirófano, con el fin de realizar supuestamente una cirugía ambulatoria de párpados, sin internación.

Sin embargo, este procedimiento en realidad fue un implante de mamas y no de párpados, como estaba anotado en la agenda de la clínica.

Antecedentes anteriores

En agosto del 2018, el cirujano plástico Miguel Ángel Cavallo fue sentenciado a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por supuesta declaración falsa, por haber dado información incorrecta acerca de su clínica, que funcionaba de manera clandestina.

Los jueces de Sentencia Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado ordenaron que el médico realice, una vez al mes, intervenciones quirúrgicas reconstructivas en el Hospital del Quemado, por el periodo de prueba que se le impuso.

Según los antecedentes, Cavallo realizaba intervenciones quirúrgicas estéticas en su domicilio, en una pieza del fondo de la casa de manera improvisada y sin elementos e instrumentos médicos adecuados.

Fue investigado por supuesta mala praxis y falta del deber de cuidado en una intervención quirúrgica, ocurrida el 27 de mayo de 2016, en su clínica de cirugía plástica.