La mayoría de ONG hacen el vacío al Ejecutivo y no descartan acciones

El Ejecutivo, a toda costa, busca legitimar el proceso de vigencia de la ley de control a las organizaciones no gubernamentales para compensar el ataque sistémico al que fueron sometidas, mientras algunas evalúan el cierre de sus instituciones o el traslado a otros países, ante la hostilidad del escenario político.
Ayer, se realizó una reunión en Mburuvicha Róga, en ausencia de Santiago Peña, por un viaje a Brasil, para el G20.

La convocatoria fue para escuchar a los representantes de las oenegés, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe elaborar la reglamentación de la ley.

El encuentro fue encabezado por Gustavo Villate, actual ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic).

La mayoría optó por dejar plantado al Ejecutivo, debido a que consideran que una ley inconstitucional no puede solucionarse con una reglamentación, porque esta no puede contradecir a la norma.

El objetivo del mandatario es involucrar a la sociedad civil, es decir, lograr que las organizaciones legitimen la ley promulgada.

Entre los pocos representantes de las oenegés que acudieron se encuentra el abogado Ezequiel Santagada, quien explicó que en la reunión no hubo un acuerdo, sino más bien fue un encuentro de carácter exploratorio, para conocer la pretensión del Ejecutivo.

La invitación se había cursado el viernes pasado, antes de que se sepa que Peña promulgaría ese día la ley, por lo que la mayoría decidió no ir.

Santagada comentó que lo que busca la presidencia es que la reglamentación sea participativa, por lo que encomendó el trabajo al Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP). Sin embargo, el abogado aclaró, al igual que los demás referentes, que esta institución no representa a las afectadas por la ley, es decir, a la sociedad civil.

Además, otros actores, como Yan Speranza, sostienen que es Economía el que debe reglamentar y no el ENEP.

“Si quieren hacer algo participativo con actores involucrados, deben analizar y luego hacer una propuesta de cuáles serían las reglas de participación, y cada organización evaluará si participar o no y de qué modo”, resaltó Santagada.

El Ejecutivo se comprometió a presentar esta propuesta y además elaborar un borrador de la reglamentación para un intercambio de ideas. Santagada aclaró que no buscan legitimar la ley ni descartan acciones ante la Corte.

“Se dejó en claro que nuestra presencia en la reunión no implicaba validar ninguna decisión ni renunciar a acciones judiciales una vez que el texto entre en vigor”, expresó.

Desde Codehupy, Semillas para la Democracia y otras, adelantan que una vez que la reglamentación esté lista, van a presentar acciones de inconstitucionalidad.