De entre ellos, en el caso de los varones, que son mayoría, solo 4.400 están cumpliendo una condena. Y en el caso de las mujeres, 290.
El resto, unos 11.523 internos e internas, sobreviven hacinados en las cárceles del país, siendo todavía inocentes, ya que la Justicia aún no pudo probar si son culpables del delito por el que se les imputó, en un juicio oral y público.
La Justicia tarda y muchos de ellos, no alcanzan a vivir para ver el veredicto de saber si son culpables o inocentes y perecieron dentro de un sistema que los descarta. El año pasado se produjo 40 fallecimientos dentro del sistema penitenciario, de los cuales 10 no se especifican los motivos, 9 murieron por shock hipovolémico, 9 tuvieron una muerte súbita, uno falleció a causa de complicaciones del Covid-19.
Los que lograron sobrevivir, lo hacen en medio de precariedades, en condiciones humillantes. Muchos de ellos pasan estos días de frío en la intemperie. Las cárceles superpobladas no pueden ofrecerles siquiera un techo, en constante peligro, en lugares cogobernados por los clanes ligados al crimen organizado.
Las cárceles huelen a podredumbre; son depósitos de desechos humanos, descartados por una sociedad indolente, postergados por el sistema judicial.
Pero no todos tienen esa mala suerte. Con algunos, la ley con el espíritu garantista se cumple hasta la última letra. Da la coincidencia que se trata de poderosos ligados a la política.
Como lo publicó ÚH, en su edición de ayer, mientras se da esta situación alarmante, políticos como el colorado Roberto Cárdenas; o el potentado luqueño Ramón González Daher, gozan de los aires de la libertad, a pesar de estar condenados. El primero, por corrupción y el segundo, por usura, lavado de dinero y otros delitos.
¿Por qué tarda tanto la Justicia con algunos? ¿Cuál es el factor que lleva a nuestro país a ser considerado uno de los países más injustos de América del Sur y del mundo? ¿Será que es independiente y autónomo el Poder Judicial o es manejado por sectores partidarios?
Son muchas preguntas y una de las respuestas podría estar en la investigación realizada por la periodista Ruth Benítez Díaz, reveló que del total de 754 jueces, 326 están afiliados al Partido Colorado, de los cuales, 30 votaron en las internas de su partido, el pasado 20 de junio.
La serie de publicaciones sostiene, además, que el partido colorado utiliza la estructura del poder judicial para sostener candidaturas en las seccionales del país.
“El Poder Judicial está copado por colorados. Del total de 12.448 trabajadores (de todos los cargos), 8.568 son colorados, lo que representa el 70% de todo el funcionariado del sistema de Justicia”, dice la publicación realizada en la edición del 17 de julio.
Las pesquisas afirman que no solo jueces y funcionarios del Poder Judicial están en esa situación sino también del Ministerio Público. De los 396 fiscales, de los cuales 258 son colorados, y 41 votaron en la última interna.
Con este diagnóstico no es muy difícil atinar sobre la enfermedad. La Justicia está contaminada por la política partidaria.
Quizás existan los funcionarios ecuánimes que trabajan de manera independiente y honran su labor. Pero los números son contundentes. Miles de ellos pisotean su código de ética y las normas que impiden actitudes que pongan en riesgo su independencia.
A estas más de 11.000 personas que están esperando que el sistema judicial haga su trabajo, tal vez le quede la salida de afiliarse al mismo partido, exigir que se les habilite el derecho al voto y ahí, tal vez, consigan que la Justicia deje de ser morosa con ellos y saldar una deuda que ya lleva muchos años.
