Uno, el caso conocido como detergentes de oro durante la administración del intendente asunceno Óscar Nenecho Rodríguez, nunca avanzó en la Fiscalía. Se abrió una causa, pero no progresó la investigación. Se hizo una denuncia por presunta sobrefacturación de compra de detergentes y otros insumos.
En estos procesos se denunciaron hechos punibles supuestamente materializados durante la epidemia mundial por Covid-19, que costó la vida de 19.688 paraguayos, según los datos oficiales.
El caso más antiguo, que aún no llega a juicio oral, es el de los tapabocas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, donde están procesados, entre otros, el ex presidente Édgar Melgarejo Ginard, declarado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La causa se encuentra actualmente ante el Tribunal de Apelación, que debe estudiar el recurso promovido contra la resolución que elevó el caso a juicio oral.
GOBERNACIÓN. Por otro lado, hay dos causas por supuestos desvíos de fondos en la Gobernación del Departamento Central, donde hay varios procesados, entre ellos, el ex gobernador Hugo Javier González Alegre.
En el primer caso, por un presunto perjuicio de G. 5.106 millones, que debían ser destinados para las obras durante la emergencia sanitaria, ya se encuentra en etapa de juicio oral, por lo que solo se espera el juzgamiento público.
En el segundo, se acusa al ex gobernador colorado por hacer cuatro transferencias a ser destinados para medicamentos en pandemia, el supuesto perjuicio patrimonial es de G. 18.300 millones. De ellos, G. 4.025 millones eran para los remedios.
En el caso, la preliminar está marcada para los días 6, 7 y 8 de mayo. Además, esta semana, el Tribunal de Apelación en lo Penal, rechazó la recusación promovida por uno de los encausados en contra del juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, que paraban la diligencia.
INTENDENTE. Además, hay dos procesos abiertos contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, con varios imputados, ambos por supuestos hechos punibles ocurridos durante la pandemia.
En la primera causa, la imputación es por supuesta lesión de confianza, a raíz de la provisión de alimentos en plena epidemia sanitaria, donde se habla de un daño patrimonial de G. 1.769 millones. Este caso, se estudian recursos que están pendientes contra la imputación fiscal.
En el otro caso, presentado hace unos días, por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. En esta causa, supuestamente en el 2020, el jefe comunal habría pagado mercaderías inexistentes por la suma de G. 306 millones.
En este expediente, se promovieron recursos contra la admisión del caso, lo que ahora es estudiado por el Tribunal de Apelación.
En todas estas causas, la Justicia aún está en deuda con la ciudadanía.
