“Nuestra propuesta incluye la modificación de doce leyes secundarias o reglamentarias y la expedición de la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros”, dijo el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, en un mitin celebrado en el Monumento a la Revolución.
El acto, de gran contenido simbólico pero poco concurrido, comenzó cuando dirigentes del PRD, el mayor partido de izquierda en México, depositaron una ofrenda floral en la tumba del monumento, donde reposan los restos del expresidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó la industria petrolera en 1938.
Su hijo, el tres veces candidato a la Presidencia, tomó la palabra para descalificar la iniciativa energética que el mandatario Enrique Peña Nieto presentó la semana pasada y que consideró “privatizadora, dígase lo que se diga”.
La propuesta oficial prevé cambiar los artículos 27 y 28 de la Constitución para hacer más atractivo el sector a la iniciativa privada y permitirle que participe en su modernización, a través de contratos de utilidad compartida para explorar y extraer crudo y gas, sobre todo en los campos que requieren más tecnología.
Con su iniciativa, Peña Nieto estima que el producto interior bruto (PIB) del país crezca un punto porcentual adicional en 2018 y se creen alrededor de 500.000 puestos de trabajo.
“Todos estos supuestos logros suenan a cuentas alegres y, en el mejor de los casos, a buenos deseos”, lamentó Cárdenas, quien calificó la propuesta de Peña Nieto de “antipatriótica”, “retrógrada”, “entreguista”, “neoliberal” y “lesiva a los intereses de la nación”.
Desde la expropiación de 1938, el petróleo se ha convertido en un símbolo de identidad y en un principio de soberanía del país, y por ello desata fuertes discrepancias cuando se propone su apertura al capital privado.
Cárdenas presentó los principales ejes del proyecto del PRD, que plantea más autonomía para Pemex y la CFE, fortalecer a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, convertir al fondo de estabilización de ingresos petroleros en un organismo financiero e impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico.
“No se plantean reformas constitucionales porque, para los fines que se persiguen de modernizar el sector energético y lograr de él una cada vez mayor y mejor contribución al desarrollo independiente del país, no se consideran necesarias”, explicó.
El orador único del acto planteó la conveniencia de celebrar un plebiscito en 2015 contra los cambios constitucionales propuestos por Peña Nieto, si finalmente se concretan con el respaldo del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN).
“Yo me arrogo la facultad de convocarlos para que oportunamente tengamos el 1,6 millón de electores” necesarios para convocar “a una consulta sobre si se mantiene la vigencia o no de las reformas al 27 y 28 constitucionales”.
Su discurso aderezó, además, la polémica sembrada por el “alud propagandístico” de una campaña lanzada por el Gobierno de Peña Nieto que defiende las bondades de la iniciativa de reforma del PRI e invoca la figura de Lázaro Cárdenas.
“Es falaz la utilización que se hace del nombre de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación en el siglo XX. Ofende a quienes verdaderamente se identifican con sus ideas y su obra (...) Nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas”, agregó.
Las iniciativas energéticas presentadas por los tres principales partidos serán discutidas por el Congreso en el período ordinario de sesiones que comienza el próximo 1 de septiembre.
Aunque hay marcadas diferencias en los proyectos, también hay coincidencias que permitirán iniciar el debate en búsqueda del consenso.
El Gobierno quiere que la iniciativa surja del consenso de los partidos que el 2 de diciembre pasado firmaron el Pacto por México (PRI, PAN y PRD) para impulsar las reformas estructurales del país.
De no lograr un acuerdo con el PRD, el PRI y el PAN podrían sumar sus fuerzas en el Legislativo y sacar adelante con su mayoría calificada una reforma conjunta, algo de lo que ningún partido quiere hablar por ahora.
