Los 57 casos se registraron entre el 1 de enero y el 21 de agosto y los dos más recientes se reportaron esta semana, lo que muestra la “persistencia de una violencia extrema” contra las mujeres y llama a “no normalizar” estos sucesos, dijo el fiscal superior de Vida y Personas, Yerko Sergio Fajardo, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Fajardo detalló que el departamento de La Paz concentra la mayoría de las denuncias, con 19, seguido por Santa Cruz con 11, Cochabamba con 8 e igual número en Oruro.
También se registraron cuatro casos en Potosí, tres en Chuquisaca, dos en Tarija y las regiones amazónicas de Pando y Beni reportan uno cada una.
En el 98 % de los casos se tiene “plenamente” identificados a los autores, quienes “cumplen detención preventiva” y “11 de ellos ya se encuentran con sentencia” afirmó Fajardo.
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“Esta es una realidad que demanda respuestas articuladas desde las instituciones, las familias y la sociedad en su conjunto”, manifestó.
El caso más reciente ocurrió en un municipio rural en Potosí, donde el jueves una maestra de educación física de 27 años fue encontrada muerta en su vivienda con signos de violencia, según la Fiscalía.
La docente fue vista por última vez el lunes en su fuente laboral, pero no acudió los dos días siguientes, lo que generó preocupación de sus colegas, quienes fueron a su vivienda a buscarla y tras el hallazgo, reportaron el suceso a la Policía.
El principal sospechoso es la pareja de la maestra, buscado por las fuerzas de seguridad.
El otro hecho se registró el martes en Oruro, donde la víctima es una mujer de 36 años cuya expareja, un hombre de 35, acabó con la vida de ambos haciendo detonar “un artefacto explosivo” tras una discusión, según el Ministerio Público.
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Del 1 de enero al 31 de julio, el Ministerio Público registró 24.890 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, vigente en el país desde 2013.
De ese total, 18.059 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.
La ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.
Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la ley 348.
Fuente: EFE.
