EFE
Su objetivo principal es conocer la verdad y la justicia, pues esta última tiene deficiencias y la impunidad es “sumamente alta” en su país, afirmó hoy Zúñiga en una rueda de prensa en Madrid junto a diputados de varios partidos políticos españoles.
Lamentó haberse enterado de las detenciones por los medios de comunicación, aunque reconoció que “son un logro de la presión internacional”.
Su visita a Madrid es parte de una campaña internacional que le ha llevado también a Alemania, Bélgica, Holanda y Finlandia con el fin de recabar apoyos y denunciar la violación de derechos humanos en su país.
Cáceres, líder indígena, ambientalista y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas de protección.
Cáceres se había opuesto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, considerado sagrado por su pueblo y por suponer una amenaza para su comunidad.
Zuñiga recordó hoy que uno de los cuatro hombres detenidos (Sergio Rodríguez) era empleado de la hidroeléctrica “Agua Zarca”, que pretende desarrollar la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el occidente del país centroamericano.
Entre los detenidos también están el mayor del Ejército hondureño Mariano Díaz Chávez y el oficial militar retirado Edilson Duarte Meza.
Según Zúñiga, su madre había denunciado varias amenazas de muerte, no solo contra ella, sino también contra distintos miembros del COPINH; al destacar que, además de su madre otras cuatro personas han muerto por expresar su rechazo a esas iniciativas de construcción.
Pero la muerte de Cáceres no ha silenciado al movimiento de protesta: “Tantas comunidades que estaban dormidas hoy están despiertas. Hay que seguir adelante con la lucha”, afirmó Rosalina Domínguez, componente del COPINH.
Además, denunció que el Gobierno hondureño les cierra las puertas para que no les escuchen.
El pasado 13 de abril todos los grupos políticos españoles acordaron una proposición no de ley en la comisión de Exteriores del Parlamento en la que condenaron el asesinato de la activista e instaron al Gobierno español a que desarrolle un plan para que las empresas españolas con presencia en el extranjero respeten los derechos humanos.
Las activistas hondureñas estuvieron apoyadas en el evento de hoy por representantes del Partido Popular (centroderecha), PSOE (socialistas), Podemos (izquierda) e Izquierda Unida (izquierda).
Honduras “vive una situación de dictadura”, donde la justicia hondureña no es independiente, manifestó el diputado de Podemos y miembro de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”, Pedro Arrojo.
La misión, integrada por quince juristas, parlamentarios y representantes de ONG, visitó en marzo Honduras para pedir el esclarecimiento del asesinato de Cáceres y la liberación del ambientalista mexicano Gustavo Castro, que tiene prohibido salir del país al ser el único testigo de la muerte de la hondureña.
