9 de 12 concejales fueron los que se hicieron cargo de la denuncia y se menciona que en el 2022, se habría utilizado combustible por un valor de G. 1.000 millones y que se volvió a repetir esta situación irregular por el mismo monto, que presuntamente se cargaron en maquinarias que están en desuso o en el taller.
Se había solicitado incluso la intervención de la Cámara de Diputados e incluso se había presentado una denuncia penal por lesión criminal, asociación criminal y estafa en contra del padre del parlamentario de la que no se tendrían avances.
Esta denuncia se había basado en la adjudicación de obras a una empresa por G. 1.333 millones por obras que habrían sido ejecutadas con personal y maquinarias tanto de la comuna como del Ministerio de Obras Públicas.
La preocupación, justamente por parte de los concejales, es el hecho de que el senador Rivas sea representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por lo que se teme que desde ese cargo pueda ejercer influencia y presión a favor de su padre.
La semana pasada fue convocado por la Cámara de Diputados que debe resolver sobre el pedido de intervención de la gestión que está bajo la mira.
Hubo una maniobra en la Cámara Baja para tratar el tema que estuvo en remojo durante varias semanas. Luego se conformó la comisión especial que debe evaluar la situación del intendente fue denunciado penalmente en la Fiscalía por presunta lesión de confianza, asociación criminal y estafa por el supuesto pago a una empresa para obras.
