21 sept 2026

¿Cuánta plata manejan los gobernadores del G15?

Las gobernaciones coloradas que integran el denominado G15 recibieron entre enero y agosto de este año G. 1,6 billones, provenientes principalmente del programa Hambre Cero. La administración de este caudal de dinero fortaleció la capacidad de negociación de los jefes departamentales, quienes empezaron a desempeñar un papel más visible como bloque con miras a las elecciones del 2028. Además de la vicepresidencia, las aspiraciones apuntan a bancas en el Senado.

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En plena crisis, los gobernadores se reunieron con el presidente Santiago Peña.

Foto: Gentileza.

Las gobernaciones acumulan un gran caudal de dinero público gracias a transferencias provenientes de royalties, del impuesto al valor agregado (IVA) y del canon por juegos de azar, pero, sobre todo, de Hambre Cero, programa que se financia con recursos del Tesoro y la compensación por la cesión de energía de Itaipú.

Del total que recibieron hasta agosto, el 70% proviene del programa estrella del Gobierno, que busca universalizar la alimentación escolar.

Alto Paraná encabeza la lista del top 5 de departamentos que recibieron mayores transferencias con G. 287.695 millones; le sigue Caaguazú, con G. 166.943 millones; San Pedro, con G. 153.880 millones; Itapúa, con G. 150.000 millones, y Canindeyú, con G. 118.270 millones.

En tanto, los territorios chaqueños, que además tienen una menor densidad poblacional, reciben los montos más bajos. Aunque Presidente Hayes está excluido en esta zona del programa de alimentación escolar, el gobernador Bernardo Zárate no dudó en sumarse al bloque negociador del G15.

Al margen de esta disputa permanecen los gobernadores de Itapúa, Francisco Pereira, y de Central, Ricardo Estigarribia, ambos del PLRA. En el último caso, el presidenciable denuncia que se trata de una manera de debilitar sus pretensiones electorales de 2028.

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Hambre Cero, la caja que fortaleció a los gobernadores

La Ley N° 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), contemplaba en principio la administración de todos los recursos a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), pero, finalmente, ante la fuerte presión de los jefes departamentales, el Ejecutivo les cedió la administración de los recursos, a excepción de Asunción, Central y Presidente Hayes, que por sus antecedentes de corrupción la ejecución quedó a cargo del MDS.

Así, los gobernadores del G15 quedaron directamente vinculados a la administración de uno de los programas sociales de mayor volumen presupuestario del gobierno de Santiago Peña. Todos los integrantes de este grupo responden al Partido Colorado, excepto el liberal Francisco Pereira, de Itapúa.

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Aunque la compensación por la cesión de energía de Itaipú fue presentada como uno de los pilares financieros de Hambre Cero, una parte sustancial de los recursos ejecutados por las gobernaciones se financia con recursos ordinarios del Tesoro.

De los G. 1.121.051 millones que recibieron hasta agosto las gobernaciones para el financiamiento del programa Hambre Cero, G. 882.991 millones provienen de fuente 10. Esto quiere decir que el 78,8% se financia, en realidad, con los ingresos ordinarios que recauda el Estado.

Cargos en disputa

En las últimas semanas, los gobernadores hicieron pública su posición en torno a la interna colorada de cara a 2028 y mantuvieron reuniones con Santiago Peña y Pedro Alliana, en medio de las diferencias generadas por la decisión de Horacio Cartes de anunciar a Juan Carlos Baruja como candidato a vicepresidente.

El sector había propuesto al presidente del Consejo de Gobernadores, Cesarito Sosa, de Guairá, como dupla de Alliana, quien se había comprometido a tomar una decisión después de las elecciones del 4 de octubre.

Pero la disputa por el poder no se limita a este cargo, sino que además se proyecta al Congreso Nacional, donde varios cartistas intentan poner paño frío a la crisis, alegando que en el Senado “hay lugar para todos”.

El propio presidente del Congreso se sumó a esta narrativa este lunes. “No nos preocupemos, de la lista del Senado de los 45 lugares, hay lugar para todos y si alguien quiere ocupar el número 1, número 2 o número 3, yo me ofrezco para ser el candidato número 45 y voy a entrar con ese número igual”, expresó.

Asimismo, se pronunció sobre las declaraciones de Cesarito Sosa, quien –a su criterio– está jugando muy rápido en primera división, en alusión a sus posibles aspiraciones electorales como motivación de la disputa interna.

El gobernador de Guairá había afirmado que Santiago Peña tiene el apoyo de 15 gobernadores y 35 diputados, lo que da a entender que se está formando una gran fuerza interna en la ANR y, por otro lado, refuerza los rumores de una marcada división en HC entre peñismo y cartismo.

“Yo en ese sentido disiento con el gobernador de Guairá. El presidente de la República le tiene primero al presidente del partido, al vicepresidente, a la bancada de Senadores, a los gobernadores y a los diputados. Con una pequeña corrección le diría, capaz por su inexperiencia política todavía”, manifestó.

También hizo referencia a los saltos que está dando Cesarito en la arena política desde que fue electo gobernador en el 2023. “Pasa que Cesarito muy rápido empezó a jugar en primera división”, agregó Bachi.

El joven guaireño proviene de una familia de empresarios con un importante caudal de dinero reflejado en su declaración jurada, que alcanza casi G. 116.000 millones.

Dinero y poder en la interna colorada

El manejo de Hambre Cero aparece así como uno de los elementos que fortalecieron la posición de los jefes departamentales.

En ese escenario, el G15 aparece no solo como administrador de un voluminoso flujo de recursos públicos, sino también como un actor político con capacidad propia de negociación. Cuanto mayor sea el volumen de recursos que maneje, mayor será también su margen para disputar espacios de poder dentro del oficialismo colorado.

Nota relacionada: Hambre Cero aumentará 9,8% en 2027 por mayor cantidad de alumnos

Para 2027, además, el proyecto de Presupuesto General de la Nación remitido por el Ejecutivo contempla un incremento cercano al 10% en los recursos destinados a estas gobernaciones, documento que ya está en estudio en el Congreso.

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