A diferencia de elecciones municipales anteriores, ningún observador nacional se inscribió para participar el 4 de octubre. Ante experiencias pasadas y siguiendo recomendaciones internacionales, analistas consideran que debe plantearse una ley que aclare sobre los derechos y obligaciones de los observadores, pero advierten que su ausencia tampoco puede usarse para impedir el control ciudadano garantizado en la Constitución Nacional.
El plazo para solicitar las acreditaciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como observadores nacionales para las elecciones municipales venció el 4 de setiembre sin inscriptos.
El director de Organizaciones Intermedias de la institución, Nery Velilla, comentó que hubo dos interesados que se acercaron a la institución para informarse, pero finalmente no formalizaron sus solicitudes al darse cuenta de que no reunían el requisito de contar con personería jurídica.
La ausencia de observadores nacionales se da en coincidencia con la Resolución N° 77, de mayo de 2026, que exige entre una serie de requerimientos contar con personería jurídica, los detalles sobre el despliegue de la organización en el proceso electoral, identificación de los responsables y hasta el plan de financiamiento.
Ley. Es un escenario diferente a las municipales del 2021 y más cercano a las generales del 2023, cuando las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) se hicieron eco de la exclusión de Decidamos y Alma Cívica como observadores nacionales, tras la publicación de nuevos requisitos tan solo dos meses antes de las elecciones.
La Justicia Electoral había negado la acreditación de Decidamos bajo el argumento de que su trabajo contemplaba un cómputo paralelo al oficial y a Alma Cívica debido a que un miembro de su consejo directivo, Bruno Defelippe, figuraba como candidato a senador.
La misión europea fue más específica al recomendar una legislación que contenga derechos y obligaciones de los observadores nacionales y promueve su participación, así como el desarrollo de una plataforma organizada y permanente de organizaciones de la sociedad civil que lleven adelante este trabajo.
Los analistas políticos Guzmán Ibarra y Esteban Caballero coinciden en la importancia de la participación de la sociedad civil como contralores en los procesos electorales como aporte a la transparencia y democracia.
Para Ibarra, puede encaminarse un trabajo conjunto entre el TSJE y las organizaciones para avanzar en mayores niveles de transparencia, a la par que se estudie una Ley en el Congreso.
“Aunque creo que una ley es necesaria y habría que aprobarla, tal como se recomienda, siempre es importante dejar constancia de que, por nuestra Constitución Nacional, el escrutinio es público y fiscalizado. El Código Electoral también dice que todo elector puede observar el escrutinio. Por lo tanto, la ausencia de una ley específica no debe usarse para impedir el control ciudadano, que por mandato constitucional debe ser público y fiscalizado”, advirtió.
Caballero explicó que podría desarrollarse una metodología clara para la observación del periodo preelectoral, la jornada electoral y el periodo poselectoral.
“Yo creo que sería muy útil y ayudaría al proceso tener una clarificación, con el objetivo de tener observaciones nacionales e internacionales legítimas, certificadas y creíbles”, dijo respecto a la necesidad de una normativa.
Más barreras. La ley antioenegé también tiene un efecto disuasorio sobre la participación de las organizaciones en este caso como observadores nacionales.
“Al aumentar los requisitos y los costos asociados a la participación de estas organizaciones, es lógico que se desalienten y dificulten las actividades de la sociedad civil, incluida la observación electoral”, advirtió Guzmán Ibarra.
Pero además incide la reducción de la cooperación internacional, según mencionó.
Misiones internacionales. Ibarra explicó que el objetivo de la observación internacional no es necesariamente legitimar una elección, aunque sí aporta a ella desde la transparencia.
“La observación electoral, especialmente la internacional, se lleva a cabo mediante un trabajo sistemático y serio, en el que especialistas analizan la legislación nacional a la luz de estándares internacionales y de la experiencia comparada y, sobre esa base y considerando la realidad nacional, elaboran recomendaciones para el país. Sin duda, la presencia de observadores ayuda a darle mayor transparencia al proceso electoral”, ratificó.
Por su parte, Caballero destacó la importancia que tienen las observaciones internacionales para juzgar los procesos electorales con cierta objetividad, especialmente cuando los territorios enfrentan situaciones que amenazan la democracia.
“Siempre han sido sobre todo importantes las misiones de observación electoral cuando la coyuntura nacional es una coyuntura delicada, donde todavía no está asentada de la democracia electoral”, agregó.
Para el 4 de octubre se espera la visita de observadores de la Organización de Estados Americanos, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, Unión Interamericana de Organismos Electorales y A-WEB (Association of World Election Bodies).
