La solicitud fue presentada por la viceprocuradora general de la República, Lindora Araujo, ante una denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, por las que consideró “contundentes y abusivas acciones” de las dos plataformas contra el proyecto que discute el Legislativo.
Tanto Google como Telegram publicaron en los últimos días mensajes en los que critican el proyecto de ley; lo califican como un intento de censura y una violación a la libertad de expresión, y aseguran que su aprobación los podría obligar a abandonar el país.
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apoya al proyecto contra la divulgación de falsas noticias en internet, también ha criticado a las proveedoras de redes sociales por su campaña contra la iniciativa, por intentar presionar a los legisladores brasileños y colocar a la opinión pública en su contra.
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El ministro de Justicia, Flávio Dino, ha acusado a las dos plataformas de usar su “poder económico” para promover una “campaña abusiva y engañosa” contra el proyecto de ley y un debate “parlamentario y democrático” que busca contener la masiva circulación de desinformación en internet.
La Fiscalía alegó en su petición ante el Supremo que las conductas de los directores de ambas plataformas tienen una “potencialidad delictiva” y por eso solicita la autorización para abrirles una investigación.
En el mensaje que publicó en su portal y que la Corte Suprema lo obligó a retirar, Google dijo que la iniciativa legislativa “pude aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil”.
Telegram fue más directo y, en un mensaje distribuido a todos sus clientes y que igualmente fue obligado a retirar, afirmó que el proyecto de ley “matará la internet en Brasil” y que la democracia está bajo ataque en el país.
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La petición de la Fiscalía será analizada por el magistrado Alexandre de Moraes, responsable de un proceso sobre difusión masiva de información falsa, y que el miércoles le ordenó a Telegram retirar el mensaje que consideró falso bajo pena de ser bloqueada por 72 horas y ser castigada con fuertes sanciones pecuniarias.
En su petición al Supremo, la Fiscalía alega que las plataformas, aprovechando su posición hegemónica en el mercado, lanzaron una “sórdida” campaña de desinformación, manipulación e intimidación contra una iniciativa parlamentaria con la única intención de defender sus intereses económicos.
El cuestionado proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, criminaliza la divulgación de falsos contenidos en cuentas automatizadas; responsabiliza a los proveedores por contenidos de terceros impulsados mediante pagos y obliga a los proveedores de redes sociales a contar con sede en Brasil.
