Los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes habían integrado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron acusados ayer por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de sus funciones, al haber absuelto a 11 campesinos condenados por la masacre de Curuguaty.
La nota fue presentada por la propia Quiñónez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), peticionando que los acusados sean removidos de sus cargos.
Luego de darse a conocer la absolución de los campesinos presos, Quiñónez advirtió que la Fiscalía activaría “todos los resortes legales” para que el comportamiento de los magistrados no quede impune.
argumentos. Según consta en el escrito de denuncia, algunas de las conductas irregulares atribuidas a cada uno de los magistrados son: falta de fundamentación, errónea aplicación de las normas y de las leyes, fallos infundados, erróneas aplicaciones de las normas con relación al plazo, errónea aplicación de las normas en relación con el alcance de la aclaratoria, extralimitación en las funciones.
Así como también violación del deber de controlar y estudiar el fallo, errónea aplicación de la norma en cuanto al plazo para aclarar de oficio una resolución, entre otros.
Asimismo, Quiñónez explicó que el fallo violó las disposiciones del artículo 478 del Código Procesal Penal que regula los motivos para la interposición del recurso extraordinario de casación, el artículo 126 del Código de Forma, que estipula los casos y la forma en la cual se dictarán las resoluciones aclaratorias.
Resalta que los citados camaristas infringieron las disposiciones legales establecidas en los artículos 50 y 346 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 397 del CPP, en atención a que los magistrados, del voto mayoritario, se arrogaron atribuciones que escapan a su competencia.
La masacre se registró el 15 de junio de 2012, en Campos Morombí, en Curuguaty, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías por un procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Ello fue motivo de juicio político y destitución del presidente Fernando Lugo.
