Se acabaron las poses, los maquillajes retóricos, los dobles discursos. Esta semana ha resumido como nunca antes de estos 4 meses de gestión de Santiago Peña, la verdadera doctrina del gobierno colorado cartista, que redobló la apuesta en su retorno al poder.
Son hechos que hilados muestran con claridad meridiana cómo piensa y cómo actúa el movimiento político que está en el Gobierno. Si bien la vena autoritaria heredada del stronismo nunca dejó de circular por las arterias coloradas, hay diferencia entre el pensamiento y la gestión de los diferentes movimientos que estuvieron en el poder en estas tres décadas de democracia. El cartismo, sin duda, es el más afecto al autoritarismo. En la ANR, en manos de Horacio Cartes, a los disidentes se los expulsa. No hay espacio para debates democráticos ni diferencias ideológicas. Las sesiones de la Junta de Gobierno son empalagosas zalamerías, pronunciadas especialmente por dirigentes del gobierno anterior que buscan evitar eventuales denuncias penales.
El Congreso fue escenario de esta demostración de fuerza bruta política. El punto de partida fue el controvertido proyecto de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, un tema capital por sus implicancias económicas y sociales. Honor Colorado y sus satélites aprobaron la ley con la velocidad de quien comete un delito. Lo despacharon en 15 minutos, sin debate alguno en medio de la fuerte represión a los sindicatos y jubilados que salieron a protestar. Fueron detenidas más de 30 personas y liberadas en horas de la noche cuando se consumaron los hechos.
En la Cámara de Diputados no fue diferente. Si en el Senado el oficialismo carece de voceros con capacidad intelectual para sostener un mínimo debate con la oposición, la Cámara Baja es aún peor. Aquí fue un mero trámite. La ley de pensiones, despachada sin discusión ni explicaciones. Santiago Peña la promulgó inmediatamente.
El gobierno no tenía la necesidad de sacar esta ley con celeridad, prepotencia y censura. Tiene los votos necesarios en el Congreso para su aprobación porque la ANR tiene mayoría. Y satélites propios y suplentes que se prestan con servilismo a cumplir órdenes. Lo hace de esta forma porque su naturaleza autoritaria es más fuerte. Ni siquiera se molesta en dar explicaciones. Porque la letra con sangre entra.
NI UN POQUITO DE VERGÜENZA. Pero eso no fue todo. El lunes el presidente Peña concedió una entrevista a radio Monumental cuando habló de todo, pero derrapó especialmente en uno. Cuando defendió con cinismo a Hernán Rivas, el senador acusado de tentativa de abogado. En medio de risas aseguró que no le daba vergüenza “ni un poquito” que el político sea foco de un escándalo por su dudoso título de abogado y que sea miembro del Jurado de Magistrados. El Senado puso moño al asunto cuando salvó al itapuense con el rechazo a la pérdida de investidura.
Pero no solo el autoritarismo es la marca del cartismo, que al igual que administraciones anteriores del mismo partido, tampoco tiene la intención de sanear las instituciones de la corrupción, de raíces profundas en el Partido Colorado. Solo así puede explicarse la aprobación meteórica, sin discusión alguna, del proyecto de devolución premiada del diputado colorado cartista, Yamil Esgaib. Una propuesta legislativa que va a contramano con la lucha contra la corrupción, el cáncer que corroe este país, ya que plantea perdón al que devuelve lo robado. “Corrupción premiada” debería llamarse el peligroso proyecto que ahora debe definir el Senado. Para confirmar el Estado de envilecimiento perpetrado por la bancada oficialista y sus satélites, y en el marco del paquete de leyes que favorecen la impunidad, el Senado modificó la joven ley de conflicto de intereses, cercenando sus intenciones de control y transparencia. Al eliminar los artículos que establecen el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses, el marco legal es letra muerta. Las famosas puertas giratorias seguirán rodando para beneficiar con información sensible tanto al sector privado como público sin traba alguna.
OGRO INSACIABLE. Para cerrar la semana, el presidente del Congreso, Beto Ovelar, anunció licitación para ampliar las oficinas legislativas porque el “plato volador ya no da más”. Según la nómina, hay 18 funcionarios por cada legislador, 2.870 para 125, pero la clientela política, ese ogro insaciable pide más rubros, sin importar la situación económica del país. Mientras, el vicepresidente Pedro Alliana hace nombrar a su hija como asesora de Diputados, con aumento salarial del 200%. De G. 6 millones ahora ganará 18 millones. El Estado patrimonial en su máxima expresión. Hechos que contradicen al ministro de Economía cuando pide “mejorar la calidad del gasto”, pero no se anima a confrontar con el modelo contra el que dice luchar.
La semana fue suficiente para resumir un modelo de gobierno que pretende resolver los cuestionamientos con autoritarismo, consolidar la corrupción con marcos legales, abusar del poder político para continuar con la epidemia del clientelismo, mientras los sectores económicos afines se quedan con las grandes licitaciones del Estado a cambio de mirar hacia otro lado emitiendo comunicados edulcorados para justificar los atropellos.
